España llega al 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco envuelta en una crisis de memoria histórica: miles de fosas siguen sin exhumar, persisten heridas políticas irresueltas y, en un fenómeno que alarma a historiadores y activistas, una parte de la juventud reivindica al franquismo a través de redes sociales y narrativas simplificadas que omiten las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante cuatro décadas de régimen autoritario.
Las conmemoraciones del aniversario se dan en el contexto de una sociedad polarizada. Mientras el gobierno impulsa actos y campañas para subrayar el valor democrático conquistado tras la muerte del dictador, sectores conservadores y de ultraderecha califican estas iniciativas como intentos de “reabrir heridas”, al tiempo que colectivos franquistas realizan homenajes públicos, misas y marchas nostálgicas.
Represión, tortura y un país silenciado: las sombras de la dictadura
Aunque parte del debate actual parece ignorarlo, el régimen de Franco se sostuvo en una represión sistemática que dejó decenas de miles de víctimas. Investigaciones señalan que más de 700 mil personas pasaron por campos de concentración donde hubo trabajos forzados, adoctrinamiento, hambre y muertes evitables.
La represión alcanzó todos los ámbitos: desde la censura absoluta hasta la persecución política, religiosa y cultural. La dictadura anuló lenguas regionales, impuso disciplina nacionalcatólica y criminalizó cualquier disidencia. En materia sanitaria, especialistas explican que la ideología franquista provocó retrocesos graves, especialmente en salud mental, donde conductas ajenas al canon católico eran consideradas patologías.
A ello se suma la deuda histórica con los desaparecidos: España mantiene más de 2,500 fosas registradas; sólo una parte ha sido exhumada y algunas estimaciones calculan la existencia de hasta 6,000 fosas. Organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica insisten en que es el Estado —y no las familias ni voluntarios— quien debe garantizar verdad, reparación e identificación de restos.
Una juventud atraída por el mito: ignorancia histórica, precariedad y el encanto antisistema
El repunte de simpatías hacia Franco entre los jóvenes tiene múltiples causas. Profesores y especialistas coinciden en que existe un déficit educativo sobre la dictadura, motivado en parte por la decisión histórica de España de “pasar de puntillas” sobre su pasado para evitar conflictos tras la Transición.
A ello se suma el papel de las redes sociales como altavoces de propaganda que, simplificando la historia, presentan el franquismo como una época de orden, prosperidad y obra pública. Para algunos adolescentes, adoptar un discurso profranquista es una forma de provocar, diferenciarse o canalizar frustraciones económicas. La precariedad laboral, la falta de vivienda y la desconfianza hacia los partidos tradicionales alimentan narrativas que prometen “mano dura”, estabilidad o soluciones rápidas.
La encuesta más reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra que más del 21% de los españoles —incluido un porcentaje significativo de jóvenes de 18 a 24 años— valora positivamente la dictadura. Voces como Isabel Peralta, figura de la extrema derecha, justifican al régimen argumentando que se “exagera” la violencia franquista y atribuyen sus críticas a un relato “parcial”.
Docentes como José María García, en Granada, han observado un incremento de discursos nostalgistas en las aulas y han implementado proyectos educativos para mostrar con evidencia la represión, las fosas y el sufrimiento social oculto durante décadas. Muchos alumnos desconocían que en su propia comarca existían múltiples fosas y casos documentados de tortura, hasta que los proyectos escolares los sacaron a la luz.
Un país que aún no cierra sus heridas
El debate sobre la justicia pendiente sigue abierto: la Ley de Amnistía de 1977, aún vigente, ha impedido juzgar los crímenes del régimen pese a los señalamientos de Naciones Unidas. Fuera del país, la Querella Argentina constituye uno de los pocos esfuerzos judiciales que han dado voz a las víctimas.
Medio siglo después, España enfrenta un reto doble: combatir la desinformación que idealiza a un régimen autoritario y, al mismo tiempo, saldar la deuda de verdad y reparación que dejó una dictadura que marcó a varias generaciones y cuyos restos siguen, literalmente, bajo tierra.
Fotografías: Redes
