El Gobierno de Estados Unidos defendió nuevamente las operaciones militares letales que ejecuta en aguas del Caribe y el Pacífico, una estrategia que, lejos de generar consenso, ha provocado condenas internacionales, acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y cuestionamientos sobre su legalidad.
Durante una comparecencia conjunta, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la continuidad de los bombardeos bajo el argumento del combate al narcotráfico, pese a que no se han presentado pruebas que sustenten la supuesta relación de las víctimas con actividades ilícitas. El funcionario dejó claro que Washington no contempla modificar su enfoque, lo que anticipa la prolongación de una política militar que ha dejado decenas de civiles muertos.
Rubio insistió en que la ofensiva busca desmantelar estructuras criminales, aunque organismos internacionales y agencias estadounidenses contradicen esta narrativa, al señalar que el Caribe no es una ruta principal del tráfico de drogas hacia EE.UU.
Ataques bajo secreto y sin rendición de cuentas
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se sumó a la defensa de los bombardeos y reafirmó el respaldo institucional a las fuerzas armadas, a pesar de que gobiernos latinoamericanos y expertos en derechos humanos califican los ataques como ejecuciones sumarias. En lugar de aclarar los hechos, el jefe del Pentágono optó por ampararse en el secreto militar, negándose a ofrecer información sobre la cadena de mando, los criterios de selección de objetivos o las reglas de enfrentamiento.
Esta postura ha profundizado la polémica, especialmente tras revelarse un doble bombardeo contra una embarcación con sobrevivientes, un hecho que ha sido interpretado como uso desproporcionado de la fuerza y posible crimen de guerra.
Un video oculto al escrutinio público
Lejos de promover la transparencia, el Pentágono anunció que un video sin editar del operativo solo será presentado a legisladores, excluyendo deliberadamente a la prensa y a la ciudadanía. La decisión refuerza las críticas sobre la falta de rendición de cuentas y el intento de blindar políticamente a los altos mandos involucrados.
Respaldo político a la violencia
Desde el Congreso, el senador republicano Lindsey Graham restó gravedad a la muerte de personas que, según los propios reportes, no representaban una amenaza inmediata, y defendió la legalidad de la operación comparándola con intervenciones militares pasadas ampliamente cuestionadas, como la invasión a Panamá en 1989.
Condena internacional y narrativa desmentida
Mientras Washington insiste en su discurso de seguridad, la comunidad internacional ha elevado el tono de las críticas. La ONU, Rusia y varios gobiernos latinoamericanos han advertido que los bombardeos violan el derecho internacional y los principios básicos de proporcionalidad y protección de civiles.
Además, informes de la propia DEA y organismos multilaterales desmienten el eje central de la operación, al confirmar que más del 80 % de las drogas que llegan a EE.UU. transitan por el Pacífico, dejando en evidencia que la ofensiva en el Caribe carece de sustento técnico y responde a intereses geopolíticos.
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que estas acciones buscan forzar un cambio de régimen para facilitar el control estadounidense sobre los recursos petroleros y gasíferos venezolanos, una acusación que refuerza la percepción de que la llamada “guerra contra las drogas” funciona como pretexto para la intervención militar.
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