El gobierno de Estados Unidos evalúa la deportación del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia, una nación africana con la que el hombre no tiene vínculos familiares ni históricos, de acuerdo con documentos judiciales recientes.
El proceso podría ejecutarse a partir del 31 de octubre, según información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostiene que Liberia mantiene una relación diplomática estable con Washington y ofrece garantías de derechos humanos.
Sin embargo, un juez federal de Maryland frenó temporalmente la deportación, en respuesta a una demanda que alega que el gobierno estadounidense estaría utilizando el procedimiento migratorio como represalia por los errores cometidos durante la administración anterior, cuando Ábrego fue deportado equivocadamente a El Salvador.
El caso ha atraído la atención de organizaciones defensoras de los derechos migrantes, ya que representa un nuevo capítulo en los cuestionamientos hacia la política de inmigración aplicada desde el gobierno de Donald Trump.
De acuerdo con el abogado Simon Sandoval-Moshenberg, el migrante podría ser recibido como refugiado en Costa Rica, opción que —según su defensa— el gobierno estadounidense ha ignorado deliberadamente para continuar con un proceso que califican como punitivo e injustificado.
Ábrego García, quien reside en Maryland con su esposa e hijo estadounidenses, llegó al país de manera irregular siendo adolescente. En 2019, un juez de inmigración le concedió protección ante el riesgo de violencia que enfrentaría si regresara a El Salvador, debido a las amenazas de una pandilla local.
Además de su batalla migratoria, el salvadoreño enfrenta cargos en una corte federal de Tennessee por presunto tráfico de personas, aunque se ha declarado inocente y ha solicitado la desestimación de los cargos, alegando que se trata de una persecución judicial motivada por venganza.
Por ahora, la deportación a Liberia permanece suspendida, mientras el caso continúa su curso legal en los tribunales estadounidenses.
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