El gobierno del presidente Javier Milei profundizó el endurecimiento de la política migratoria en Argentina mediante una serie de reformas que reclasifican la migración como un asunto de seguridad nacional y establecen nuevas restricciones para el ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos de personas extranjeras.
Las modificaciones, impulsadas a través de decretos, incluyen mayores requisitos económicos para obtener la residencia, procesos más ágiles de deportación para extranjeros con antecedentes penales o impedimentos legales, restricciones al acceso al asilo y la posibilidad de cobrar servicios públicos como la atención hospitalaria y la educación superior a personas sin residencia permanente.
El paquete de medidas también contempla una reestructuración institucional. El gobierno creó una Agencia Nacional de Migraciones bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, además de nuevas unidades especializadas en vigilancia fronteriza e inteligencia migratoria para coordinar operativos con fuerzas federales.
La administración de Milei sostiene que estas acciones buscan fortalecer el control migratorio y reforzar la seguridad del país. Sin embargo, organizaciones civiles, especialistas y colectivos defensores de derechos humanos consideran que las reformas representan un cambio profundo respecto al modelo que durante dos décadas reconoció la migración como un derecho.
Organizaciones advierten criminalización de la población migrante
Diversas organizaciones sociales señalaron que el nuevo esquema asocia la migración con la delincuencia y afecta principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad económica, mientras mantiene mecanismos preferenciales para extranjeros con capacidad de inversión.
Además, cuestionaron que las nuevas facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad permitan realizar inspecciones y operativos para identificar personas en situación migratoria irregular, situación que, aseguran, podría derivar en actos de discriminación y detenciones arbitrarias.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que «en los últimos seis meses fueron expulsadas 14 mil personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol u otros impedimentos legales«, al defender la estrategia implementada por el gobierno.
Especialistas cuestionan el giro en la política migratoria
Especialistas recordaron que Argentina mantuvo durante años una de las legislaciones migratorias más reconocidas de América Latina por su enfoque de derechos humanos. También señalaron que los datos oficiales no muestran un incremento significativo de la población migrante, cuya proporción incluso disminuyó ligeramente entre los censos de 2010 y 2022.
En ese contexto, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que las reformas responden más a una estrategia política que a un cambio demográfico. Además, consideran que el endurecimiento de la política migratoria ocurre en medio del ajuste económico impulsado por el gobierno de Milei y advierten que las nuevas disposiciones podrían profundizar la exclusión social de comunidades migrantes que residen en el país.
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