El Gobierno de Javier Milei difundió un video institucional en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado de 1976, lo que provocó críticas por el enfoque adoptado sobre la última dictadura militar. El material, titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, plantea la necesidad de revisar el relato histórico predominante. Sin embargo, diversas voces han advertido que el contenido tiende a minimizar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese periodo, reabriendo un debate sensible en la sociedad argentina.
En el video, el Ejecutivo cuestiona las políticas de memoria impulsadas en las últimas décadas, al considerar que han ofrecido una visión parcial de los hechos. Bajo esta lógica, se propone construir una narrativa más amplia que incluya a otras víctimas de la violencia política. No obstante, críticos sostienen que esta postura busca equiparar responsabilidades entre el Estado y otros actores, lo que podría diluir el carácter sistemático del terrorismo de Estado ejercido entre 1976 y 1983.
El material incluye el testimonio de Miriam Fernández, quien fue apropiada durante la dictadura y recuperó su identidad años después. Desde su experiencia, expone que hay aspectos del pasado que, en su opinión, no han sido completamente visibilizados. También expresa una visión más matizada sobre su historia personal y cuestiona el rol de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, lo que ha generado controversia por poner en entredicho la labor histórica de estos colectivos.
Otro de los testimonios es el de Arturo Larrabure, quien aborda el secuestro de su padre por un grupo insurgente en los años setenta. En su intervención, plantea la necesidad de analizar la violencia política en un contexto más amplio y avanzar hacia la reconciliación. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de enfoques puede desdibujar la responsabilidad central del Estado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La difusión del video coincide con las movilizaciones por el aniversario del golpe, donde miles de personas reiteran la consigna de “memoria, verdad y justicia”. En Buenos Aires, las marchas convergen en la Plaza de Mayo, símbolo de la lucha de los organismos de derechos humanos. En este contexto, la iniciativa del Gobierno ha intensificado la tensión política y social en torno al pasado reciente del país.
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