El gobierno de Javier Milei iniciará el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos, empresa estatal encargada de proveer servicios de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios de la provincia. La operación contempla la venta del 90 por ciento de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional, lo que implica transferir a capital privado una infraestructura clave para la zona más poblada del país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que los pliegos de la licitación serán publicados en el Boletín Oficial para avanzar con el desprendimiento accionario de Aysa. El gobierno argentino prevé otorgar una concesión por 30 años para la prestación del servicio, con la expectativa de obtener alrededor de 500 millones de dólares por una compañía estratégica en materia de acceso al agua y saneamiento.
La administración de Milei defiende la medida bajo el argumento de que la llegada de un operador privado con capacidad técnica y financiera permitiría aumentar inversiones, ampliar la red y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, la decisión vuelve a colocar en el centro el debate sobre los riesgos de privatizar servicios esenciales, especialmente cuando se trata del acceso al agua en una región de alta densidad poblacional.
Aysa opera en un área donde millones de personas dependen de la continuidad, calidad y asequibilidad del servicio. Por ello, el proceso de privatización abre interrogantes sobre tarifas, cobertura, inversión real y mecanismos de control público, en un contexto donde el gobierno de Milei ha impulsado una agenda de reducción del Estado y transferencia de activos públicos al sector privado.
El plan contempla que el 10 por ciento de las acciones quede reservado para trabajadores de la empresa, mientras el resto pasaría a manos privadas mediante licitación. Aunque esta participación laboral busca presentarse como un componente de inclusión dentro del esquema, el control operativo y estratégico quedaría fuera del Estado, lo que modificaría de fondo la gestión de un servicio básico.
La privatización de Aysa se suma a la política económica de Milei orientada a achicar el papel estatal y abrir sectores públicos al mercado. Más allá del ingreso fiscal inmediato, el caso plantea una discusión de largo plazo: si un servicio como el agua debe gestionarse bajo criterios de rentabilidad privada o como un derecho social sujeto a planificación, regulación y responsabilidad pública.
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