El gobierno de Donald Trump intensificó su ofensiva contra las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) al impulsar una investigación federal contra Nike, acusando a la empresa de posibles prácticas discriminatorias contra trabajadores blancos en Estados Unidos.
La indagatoria es encabezada por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), organismo que solicitó a un tribunal federal que obligue a la compañía deportiva a entregar documentos internos relacionados con sus procesos de contratación, ascensos, despidos y programas de desarrollo profesional.
De acuerdo con la agencia, Nike habría aplicado criterios laborales que favorecieron a ciertos grupos raciales, lo que pudo derivar en trato desigual hacia empleados y solicitantes blancos, particularmente dentro de programas de capacitación y liderazgo vinculados a objetivos corporativos de diversidad planteados para 2025.
La EEOC sostiene que la investigación apunta a posibles patrones sistemáticos de discriminación racial intencional, algunos de los cuales se remontarían a 2018, periodo correspondiente al primer mandato de Trump en la Casa Blanca. Entre los puntos bajo revisión se encuentran el uso de datos raciales en decisiones laborales, así como programas internos que operarían bajo restricciones relacionadas con la raza.
La presidenta del organismo, Andrea Lucas, ha defendido públicamente la investigación al subrayar que las leyes federales de derechos civiles protegen a trabajadores de todas las razas por igual, sin excepciones. Desde su perspectiva, los programas DEI no están exentos de cumplir con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe cualquier forma de discriminación racial en el ámbito laboral.
Lucas también ha reiterado que la EEOC actuará con firmeza cuando existan indicios sólidos, incluyendo información pública de las propias empresas, que sugiera posibles violaciones a la legislación antidiscriminatoria.
Por su parte, Nike calificó la acción legal como una medida inusual y desproporcionada, y aseguró haber cooperado activamente con la investigación, entregando miles de páginas de información y manteniendo comunicación constante con la agencia federal. La compañía sostiene que sus políticas buscan promover un entorno laboral justo y que continuará colaborando mientras el proceso siga su curso.
Este caso se suma a otras acciones impulsadas por la administración Trump contra empresas e instituciones educativas, en un contexto de creciente confrontación política y legal sobre el alcance y la legalidad de las políticas de diversidad en el sector privado.
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