El gobierno de Estados Unidos prepara nuevos controles migratorios para acceder a determinados créditos fiscales, mediante una propuesta del Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
La medida plantea que quienes soliciten estos beneficios deberán acreditar que son ciudadanos estadounidenses o que cumplen con la categoría de “extranjero cualificado”. En algunos casos también deberán proporcionar información sobre su cónyuge y su situación migratoria.
El plan pretende aplicar a los créditos fiscales por adopción, hijos, ingreso del trabajo y American Opportunity las restricciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996, al considerarlos beneficios públicos federales.
Con ello, migrantes sin documentos o personas que no cumplan con los requisitos migratorios quedarían excluidos de estos apoyos, aun cuando presenten declaraciones y paguen impuestos en Estados Unidos.
Además, entregar deliberadamente información falsa sobre el estatus migratorio podría derivar en consecuencias penales, con multas de hasta 100 mil dólares y penas de hasta tres años de prisión.
El propio Departamento del Tesoro calcula que entre 200 mil y 700 mil contribuyentes podrían quedar fuera de estos créditos fiscales durante 2026. El monto de los apoyos que dejarían de otorgarse se estima entre 700 millones y 2 mil 600 millones de dólares.
Sin embargo, la dependencia reconoce que todavía no dispone de información suficiente sobre la condición migratoria de todos los contribuyentes para calcular con precisión el impacto económico de la propuesta.
La iniciativa ha generado críticas por considerar que su alcance va más allá de la recaudación y podría convertirse en otro mecanismo federal para identificar y restringir beneficios a población migrante.
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