En medio de una escalada bélica que presiona las capacidades militares de Washington, el gobierno de Donald Trump ha intensificado su apuesta por el gasto en defensa con un nuevo contrato multimillonario para la producción de misiles interceptores.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó a Lockheed Martin un acuerdo por 4 mil 761 millones de dólares para fabricar misiles PAC-3, considerados clave en sistemas de defensa aérea frente a amenazas como drones y proyectiles de corto alcance.
El contrato, de precio fijo, contempla no solo la producción del armamento, sino también servicios técnicos, planeación operativa y equipamiento. La fabricación se distribuirá en al menos 15 instalaciones dentro de Estados Unidos y se proyecta hasta mediados de 2030, con recursos asignados al año fiscal 2026, incluyendo ventas militares a aliados.
La decisión se produce en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, donde el uso intensivo de sistemas de defensa ha evidenciado un desgaste acelerado del arsenal. Analistas advierten una paradoja operativa: interceptores con costos de hasta 4 millones de dólares se emplean contra drones que rondan los 20 mil, lo que acelera el consumo de municiones en un conflicto prolongado.
A la par, el uso de armamento estadounidense ha sido cuestionado tras reportes sobre ataques en la ciudad iraní de Lamerd, donde presuntamente se utilizaron misiles de precisión PrSM —también desarrollados por Lockheed Martin— con saldo de víctimas civiles. El Pentágono ha rechazado dichas versiones.
El incremento en la producción de misiles forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Donald Trump, quien ha planteado elevar el gasto militar a cerca de 1.5 billones de dólares, acompañado de recortes en programas civiles.
Desde la Casa Blanca, la prioridad ha sido reforzar la capacidad militar ante un entorno global volátil. Sin embargo, la política ha abierto un debate interno sobre el destino del gasto público.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, criticó la asignación de recursos al conflicto al señalar que el país destina miles de millones a la guerra mientras persisten necesidades sociales urgentes. Sus declaraciones reflejan una discusión creciente en Estados Unidos sobre el equilibrio entre seguridad y bienestar social.
Con este nuevo contrato, Washington no solo busca reponer su capacidad militar, sino también sostener su estrategia en un conflicto que amenaza con extenderse, al tiempo que se profundiza la tensión política interna por el rumbo del gasto público.
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