El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, promulgó este lunes la Ley Antipandillas, una normativa que endurece las penas contra las maras y declara oficialmente a la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) como organizaciones transnacionales y terroristas. La medida, publicada como Decreto 11-2025, fue presentada como una respuesta al aumento de la violencia y a la reciente fuga de 20 cabecillas del Barrio 18, un hecho que puso en entredicho el control penitenciario del país.
El texto legal —denominado Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas— amplía las facultades del Estado para perseguir a estas estructuras. Establece penas más severas para delitos como extorsión, sicariato, reclutamiento de menores y trata de personas, además de prohibir beneficios judiciales y autorizar la inmovilización de cuentas vinculadas a pandillas.
La ley también prevé la construcción de una prisión exclusiva para pandilleros y una inversión de 200 millones de quetzales en equipo táctico, destinados a fortalecer unidades policiales como la Dipanda y el Centro Antipandillas Transnacional. Además, permite a la Corte Suprema de Justicia ampliar la lista de grupos considerados terroristas, a solicitud del Ministerio Público.
La experiencia salvadoreña
Arévalo defendió la normativa como un instrumento para “recuperar la paz y proteger a las familias guatemaltecas”, mientras su ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, destacó que la ley moderniza el marco penal frente a la expansión del crimen organizado.
Cabe señalar que se trata de una ley enmarcada dentro del endurecimiento punitivo y que podría replicar los efectos autoritarios observados en El Salvador, donde la política de “mano dura” impulsada por Nayib Bukele derivó en denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos, detenciones arbitrarias y militarización de la vida civil.
Si se olvida que las medidas excepcionales contra el crimen deben respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, y que la eficacia inmediata no puede justificar la erosión de las garantías democráticas, esta nueva ley, en lugar de avance, podría convertirse en un retroceso en materia de derechos humanos.
Fotografía: Redes
