Guatemala atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión en los últimos años luego de que el presidente Bernardo Arévalo decretara un estado de sitio a nivel nacional por un periodo de 30 días, como respuesta a una serie de ataques coordinados de pandillas, motines en centros penitenciarios y el asesinato de varios agentes policiales.
La decisión presidencial se produjo tras la toma violenta de tres cárceles y una ofensiva directa contra elementos de la Policía Nacional Civil, hechos que dejaron nueve policías muertos y al menos diez heridos, según confirmaron las autoridades. El Gobierno informó que el control de los penales ya fue recuperado, pero advirtió que la amenaza criminal persiste.
Durante un mensaje transmitido a nivel nacional, Arévalo explicó que la medida busca garantizar la seguridad de la población y permitir el uso pleno de las capacidades del Estado, particularmente de la policía y el Ejército, para frenar la operación de pandillas y maras que han escalado sus acciones violentas en represalia por las recientes decisiones del Ejecutivo.
El primer día bajo el estado de sitio estuvo marcado por actos de homenaje a los policías asesinados, encabezados por el mandatario y el ministro de Gobernación, Marco Villeda. Las autoridades destacaron el sacrificio de los agentes caídos y subrayaron que sus muertes no quedarán impunes, reafirmando el compromiso del Estado para restablecer el orden.
De acuerdo con el Gobierno, los ataques habrían sido organizados por estructuras criminales afectadas por la reubicación de sus líderes a la prisión de máxima seguridad Renovación I, donde se les retiraron privilegios que mantenían desde administraciones anteriores. Esta estrategia, según el Ejecutivo, ha debilitado a las pandillas, lo que explicaría la violencia reciente.
El estado de sitio, contemplado en la Constitución para casos de terrorismo o sedición, faculta a las fuerzas de seguridad a realizar capturas sin orden judicial a personas sospechosas de estos delitos, aunque la medida deberá ser ratificada por el Congreso en un plazo máximo de tres días.
En las calles, la vida cotidiana continúa, aunque con menor flujo de personas, debido a la suspensión de clases y a que varias empresas optaron por el trabajo remoto. Mercados y zonas comerciales también registran una reducción en la actividad habitual.
El presidente Arévalo insistió en que el Estado no cederá ante la violencia ni la intimidación, y aseguró que las acciones criminales reflejan la presión que las autoridades están ejerciendo sobre las estructuras delictivas que operan en el país.
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