Colombia y Venezuela reaccionan ante posibles operaciones militares de Estados Unidos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió a Washington que no intente realizar ataques terrestres en su país tras las declaraciones del senador estadounidense Lindsey Graham, quien sugirió que la Casa Blanca podría informar al Congreso sobre futuras operaciones contra ambos territorios en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Según Graham, Estados Unidos evalúa la posibilidad de ataques terrestres en Colombia y Venezuela, así como acciones contra presuntas narcolanchas en el Caribe. El senador subrayó que la expansión de las operaciones podría pasar de ataques navales a intervenciones en tierra.
Frente a esto, Petro recordó la historia de resistencia de Colombia, señalando que la población se defendería si se produjera una agresión extranjera y advirtió que el país cuenta con miles de personas listas para proteger su soberanía. El mandatario dejó en claro que cualquier intento de invasión sería rechazado contundentemente.
Mientras tanto, Estados Unidos desplegó el destructor USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, para realizar ejercicios de entrenamiento y operaciones de seguridad marítima. La encargada de negocios de la embajada estadounidense, Jenifer Neidhart de Ortiz, explicó que la misión del buque incluye enfrentar amenazas compartidas como el crimen transnacional y fortalecer la resiliencia mediante apoyo humanitario y operaciones de seguridad.
En paralelo, Venezuela expresó su rechazo a las maniobras estadounidenses en la región. El canciller Yván Gil confió en que Trinidad y Tobago no permitirá que su territorio sea usado para acciones que amenacen la paz, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a la primera ministra trinitense de convertir la isla en un “portaaviones estadounidense” y advirtió que podría suspender los acuerdos de gas con ese país.
Además, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos busca generar un incidente que justifique una agresión militar, asegurando que el discurso sobre el narcotráfico se ha agotado como pretexto para la intervención.
La situación evidencia un aumento de la tensión en el Caribe, donde líderes regionales y organizaciones de derechos humanos cuestionan la legalidad de las acciones militares estadounidenses. Hasta el momento, Washington no ha presentado pruebas concretas sobre las presuntas actividades del narcotráfico que motivarían sus intervenciones.
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