En un acontecimiento sin precedentes para la justicia colombiana, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró este lunes culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia marca un hito, al tratarse del primer fallo condenatorio contra un exmandatario en la historia reciente del país.
Durante la audiencia, catalogada por muchos como el «juicio del siglo», la jueza acreditó que Uribe, a través de su entonces abogado Diego Cadena, intentó manipular a testigos encarcelados para obtener declaraciones favorables en procesos judiciales en su contra, y para involucrar falsamente al senador Iván Cepeda en actividades delictivas.
El caso se centra en las gestiones realizadas entre 2012 y 2014, cuando Cadena habría ofrecido beneficios judiciales a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve —recluido en la cárcel La Picota— para que modificaran su testimonio. Heredia sostuvo que, contrario a lo alegado por la defensa, Uribe tuvo pleno conocimiento y participación en las maniobras de su abogado. “Quedó suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal”, sentenció.
La jueza también avaló la validez de pruebas clave, como interceptaciones telefónicas, grabaciones realizadas con «relojes espía» y testimonios de víctimas como Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, quien presentó evidencia ante la Corte Suprema. En sus palabras, Heredia enfatizó que «la justicia no está al servicio de la política ni de la prensa, sino del país», en clara alusión a las presiones mediáticas y las acusaciones de persecución política promovidas por Uribe y sus aliados.
Una investigación prolongada por más de una década
El proceso judicial contra Uribe comenzó como una contrademanda: luego de que el senador Cepeda denunciara en 2012 las presuntas conexiones del expresidente con grupos paramilitares, Uribe respondió con una denuncia por calumnia. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema identificó indicios de manipulación de testigos por parte de Uribe, lo que derivó en su detención domiciliaria durante 67 días en 2020.
Tras múltiples intentos de precluir el caso, fue con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo en 2024 que Uribe fue finalmente acusado formalmente y llevado a juicio. En febrero de este año comenzó el proceso, en el que Cepeda fue reconocido como víctima, junto con Gómez, quien debió exiliarse por amenazas tras colaborar con la justicia.
Implicaciones políticas y futuro judicial
La condena de Uribe, figura emblemática de la derecha colombiana y fundador del partido Centro Democrático, podría tener repercusiones políticas significativas de cara a los próximos comicios. Aunque su defensa asegura que el expresidente no irá a prisión —pues el fallo es de primera instancia y está pendiente de apelación—, si no se emite una sentencia definitiva antes de octubre, el caso podría prescribir, cerrándose sin sanción alguna.
Uribe, de 73 años, siguió la audiencia de forma virtual, acompañado por su abogado Jaime Granados. En la sede judicial de Paloquemao estuvieron presentes el senador Cepeda y Jaime Lombana, abogado suplente del exmandatario. A las afueras del complejo judicial, se registraron manifestaciones ciudadanas exigiendo justicia.
Este fallo marca un parteaguas en la política y la jurisprudencia colombianas, y podría abrir un nuevo capítulo en el escrutinio legal de las élites políticas del país. La expectativa ahora gira en torno a la apelación y a si la justicia colombiana logrará sostener esta condena en segunda instancia antes de que el caso quede en el olvido.
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