EDIMBURGO, ESCOCIA, 21 DE JULIO DE 2025. Tres mujeres han sido formalmente acusadas bajo la Ley de Terrorismo 2000 (aplicable en Reino Unido y Mancomunidad), luego de un incidente la semana pasada en el que una furgoneta impactó contra la valla perimetral de la planta de la corporación armamentista «Leonardo» en Ferry Road, Edimburgo, capital de Escocia.
Un grupo de manifestantes se congregó esta mañana frente a la corte de dicha ciudad, portando pancartas y gritando consignas que coinciden en que la oposición al genocidio no puede ser considerada terrorismo.
El incidente de la cerca de seguridad
El suceso ocurrió en la mañana del martes 15 de julio, cuando una furgoneta Ford Transit azul rompió la cerca de seguridad del recinto. Esta planta emplea a unas mil 800 personas y es crucial en el desarrollo de radares y otros implementos para aeronaves militares.
Poco después del incidente, un grupo activista propalestino llamado «Shut Down Leonardo Edinburgh« se atribuyó la responsabilidad. En un comunicado en línea, el grupo afirmó que Leonardo suministra armas y aeronaves a Israel, y declaró que su objetivo era interrumpir las operaciones en la instalación.
Imágenes compartidas en redes sociales mostraban a individuos de pie sobre la furgoneta tras el choque. Las tres mujeres, de 31, 34 y 42 años, fueron arrestadas en el lugar y, según la Policía de Escocia, ya han sido acusadas formalmente bajo la legislación antiterrorista. Comparecerán ante el Tribunal del Sheriff de Edimburgo hoy, lunes 21 de julio.
La Unidad Antiterrorista de la Policía de Escocia lidera la investigación. En una declaración emitida el sábado, la fuerza policial solicitó información relacionada con dos vehículos: la Ford Transit involucrada en el incidente y un Honda CR-Z blanco recuperado de un estacionamiento en el área de Gorgie Road.
La polémica Ley de Terrorismo 2000 del Reino Unido
La Ley de Terrorismo de 2000 del Reino Unido ha generado críticas significativas, principalmente por su impacto en las libertades civiles y los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que la ley crea un sistema legal diferenciado y permanente para delitos de terrorismo, que puede violar el derecho a la igualdad ante la ley.
Una de las principales preocupaciones radica en la amplia definición de «terrorismo», que abarca acciones con motivaciones «políticas, religiosas o ideológicas», lo que podría llevar a procesamientos por el ejercicio legítimo de derechos. También se ha criticado la duración de la detención sin cargos y los amplios poderes de registro y detención que otorga a la policía, los cuales han sido objeto de desafíos legales exitosos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Además, se ha argumentado que algunas disposiciones de la ley han sido aplicadas de manera desproporcionada o discriminatoria, afectando particularmente a comunidades minoritarias. Las críticas apuntan a un potencial desequilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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