En una decisión que desafía resoluciones internacionales y amenaza con reconfigurar el mapa político de Oriente Medio, el Gobierno israelí ha aprobado un plan para construir 3.410 viviendas en el área E1, al este de Jerusalén, un territorio estratégico en Cisjordania ocupado desde 1967. La medida, celebrada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich como un paso para “enterrar la idea de un Estado palestino”, ha provocado un rechazo inmediato del mundo árabe y organizaciones de derechos humanos.
El proyecto, avalado por el Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén el pasado 6 de agosto pero divulgado hasta el miércoles, implica la expulsión potencial de unas 3.000 personas de comunidades beduinas palestinas y la emisión de decenas de órdenes de demolición en los últimos días. Críticos advierten que la urbanización cortará la conexión territorial entre el norte y el sur de Cisjordania, aislando aún más Jerusalén Este, que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital.
“Esto no es solo un plan de edificación, es un mensaje sionista estruendoso: una Jerusalén unida es nuestra capital eterna”, declaró Smotrich, quien ha impulsado una política de “soberanía de facto” en los territorios ocupados.
Grupos pro derechos humanos como Ir Amim denuncian que la audiencia para aprobar el plan excluyó a las ONG y abogados palestinos que buscaban presentar objeciones, lo que consideran una violación del debido proceso. “El Gobierno israelí está anunciando abiertamente el apartheid”, acusó el investigador Aviv Tatarvski.
La reacción internacional no se hizo esperar. Egipto, Jordania y Catar condenaron la decisión, advirtiendo que solo incrementará la tensión y los ciclos de violencia. Hamás calificó la medida como una extensión de la “guerra genocida” en Gaza, mientras que la Autoridad Nacional Palestina la consideró un ataque directo a la viabilidad de un Estado palestino.
La Liga Árabe reiteró que la creación de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital es la única salida al conflicto. La Corte Internacional de Justicia, en un fallo emitido el 19 de julio de 2024, ya había declarado ilegal la ocupación israelí de Cisjordania y exigido el desmantelamiento de asentamientos y muros en territorio ocupado.
Con esta decisión, el Gobierno de Benjamin Netanyahu reaviva un proyecto congelado durante dos décadas por presiones internacionales, y envía un mensaje inequívoco: Israel apuesta por la consolidación de un control territorial irreversible, incluso a costa de dinamitar cualquier posibilidad de una solución de dos Estados.
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