El Parlamento israelí aprobó en primera lectura una polémica ley impulsada por la ultraderecha que busca imponer la pena de muerte a palestinos considerados “terroristas” por el Estado de Israel. La propuesta, promovida por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, abre la puerta a ejecuciones ordenadas por tribunales militares en Cisjordania sin necesidad de unanimidad judicial ni posibilidad de conmutación, lo que organizaciones palestinas y defensores de derechos humanos califican como un instrumento de represión institucionalizada.
La medida, respaldada por el partido Poder Judío (Otzma Yehudit), contempla la ejecución de cualquier palestino acusado de causar la muerte de un israelí por motivos políticos, raciales o “de hostilidad hacia el pueblo judío”. Sin embargo, la ambigüedad del término “terrorista” —que Israel aplica incluso a niños que lanzan piedras, periodistas y civiles desarmados— plantea un escenario de arbitrariedad judicial y discriminación étnica bajo apariencia de legalidad.
Mientras algunos sectores israelíes justifican la iniciativa como una estrategia disuasoria tras los ataques de Hamás de 2023, Hamás y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) denunciaron que se trata de una legalización del asesinato sistemático de palestinos y un paso más en la deriva racista del gobierno de Netanyahu. Las agrupaciones palestinas llamaron a la ONU y a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para frenar lo que consideran una violación flagrante del derecho internacional humanitario.
De ser aprobada en las dos votaciones restantes, la ley permitiría aplicar la pena capital en territorios ocupados, consolidando la jurisdicción militar israelí sobre poblaciones palestinas que ya padecen detenciones masivas, torturas y juicios sumarios. En paralelo, Israel ha prorrogado el estado de emergencia en sus prisiones hasta 2026, permitiendo el hacinamiento extremo y condiciones de reclusión que organizaciones jurídicas locales califican como “inhumanas”.
¿Exterminación legalizada?
El intento israelí revive un debate que parecía superado: la legitimidad moral y jurídica de la pena de muerte en pleno siglo XXI. Según Amnistía Internacional, más de 110 países la han abolido, pero otros 55 aún la mantienen, con regímenes autoritarios y democracias —incluido Estados Unidos— entre sus practicantes. Los defensores de esta sanción la presentan como un medio de justicia o disuasión, aunque los datos muestran lo contrario: no reduce la criminalidad y perpetúa errores irreversibles y sesgos étnicos o políticos.
En el caso israelí, esta legislación no solo contradice los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que amenaza con convertir al sistema judicial en una herramienta de exterminio legal contra un pueblo bajo ocupación.
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