El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terrance Cole, lanzó una de las acusaciones más graves de los últimos años contra el Gobierno de México, al sostener que las redes del narcotráfico y las autoridades mexicanas forman parte de una misma estructura. El funcionario colocó esa supuesta relación como la principal prioridad de la DEA, pero no presentó pruebas públicas que respaldaran una afirmación de semejante alcance.
Cole realizó sus declaraciones durante la primera Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo, donde describió la ofensiva contra cárteles, distribuidores, lavadores de dinero y proveedores de precursores químicos. Sin embargo, el discurso trasladó la responsabilidad de la crisis estadounidense de opioides hacia México, sin abordar la demanda interna de drogas, las redes financieras que operan en territorio estadounidense ni el tráfico de armas hacia organizaciones criminales mexicanas.
El funcionario agradeció a agencias federales, estatales, locales e internacionales por las incautaciones y operativos contra el narcotráfico, pero posteriormente equiparó de manera general al Gobierno mexicano con los cárteles. La acusación convierte señalamientos contra funcionarios específicos en una imputación contra todo el aparato estatal mexicano, una generalización que puede alimentar presiones diplomáticas y justificar acciones unilaterales de Washington.
EE.UU. lanza acusaciones mientras mantiene ocultas las supuestas pruebas
Las declaraciones surgen después de que Estados Unidos anunciara cargos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios estatales por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el Gobierno estadounidense no ha entregado evidencia a México, por lo que rechazó aceptar como hechos acusaciones que hasta ahora permanecen sostenidas únicamente por autoridades de Washington.
Estados Unidos también ha utilizado procesos judiciales contra integrantes del Cártel de Sinaloa para señalar presuntos sobornos a policías, militares y políticos mexicanos. Aunque esas investigaciones pueden contener información relevante, Washington ha empleado declaraciones de fiscales y agencias como verdades definitivas, incluso cuando no comparte expedientes completos ni permite que las instituciones mexicanas revisen y contrasten las pruebas.
La nueva ofensiva discursiva de la DEA ocurre en un contexto en el que sectores políticos estadounidenses promueven operaciones militares y acciones extraterritoriales contra México. Presentar al Gobierno mexicano y a los cárteles como una sola entidad no sólo carece de matices, sino que fortalece una narrativa intervencionista, mientras Estados Unidos evita asumir plenamente su responsabilidad en el consumo de fentanilo, el lavado de dinero y el flujo de armas que alimenta la violencia regional.
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