John Bolton, exasesor de seguridad nacional y una de las voces más críticas dentro del círculo cercano del ahora presidente Donald Trump, se declaró inocente este viernes ante un tribunal federal en Maryland, luego de ser acusado de manejar de forma indebida información clasificada y almacenar documentos ultrasecretos en su domicilio particular.
Los 18 cargos presentados contra Bolton se producen en un contexto cada vez más inquietante: la aparente utilización del aparato judicial por parte de la administración Trump para castigar a exfuncionarios que se distanciaron de su primer mandato.
Bolton, quien ha mantenido una postura abiertamente crítica tras su salida de la Casa Blanca, no habló públicamente al llegar al tribunal, pero más tarde difundió una declaración escrita en la que denunció que su caso no es más que una represalia política disfrazada de procedimiento legal.
En sus palabras, expresó que está siendo objeto de una ofensiva del Departamento de Justicia —hoy bajo el control de un gobierno con intereses personales evidentes— que resucita acusaciones descartadas previamente o tergiversa los hechos con fines políticos. Su mensaje deja entrever con claridad que se considera uno más en una creciente lista de enemigos del presidente Trump perseguidos judicialmente.
Este caso, lejos de ser un hecho aislado, se suma a una serie de procesos legales abiertos en contra de figuras que han desafiado o criticado abiertamente al mandatario. La frecuencia de estos casos ha despertado serias preocupaciones en distintos sectores sobre la erosión de la independencia del poder judicial y el uso del sistema de justicia como herramienta de intimidación política.
Durante su etapa en el gobierno, Bolton fue uno de los funcionarios más influyentes en temas de seguridad nacional. Su posterior distanciamiento del presidente, así como la publicación de un libro revelador sobre su experiencia en la Casa Blanca, lo colocaron en la mira del trumpismo.
Ahora, mientras enfrenta un complejo proceso judicial, su caso representa un nuevo capítulo en la preocupante tendencia de criminalizar la disidencia política bajo la administración actual. Una administración que, lejos de buscar unidad, parece empeñada en saldar cuentas con quienes osaron contradecirla.
Foto: Redes
