Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador y símbolo de la persecución judicial contra líderes progresistas en América Latina, fue condenado este lunes a 13 años de prisión por el delito de peculado, en un fallo que refuerza el patrón de lawfare en la región.
La sentencia, dictada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, también lo inhabilita de por vida para ocupar cargos públicos. El caso está relacionado con el manejo de recursos destinados a la reconstrucción de Manabí, zona gravemente afectada por el terremoto de magnitud 7.8 en 2016.
Junto a Glas también fue condenado Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción, bajo el argumento de que priorizaron proyectos no urgentes ni vinculados a la emergencia, generando un supuesto perjuicio de más de 225 millones de dólares al Estado.
Condena política y persecución judicial
Glas cumple actualmente otras dos condenas por casos relacionados con corrupción, incluido el de Odebrecht, por el cual también fue condenado el expresidente Rafael Correa, hoy asilado en Bélgica y perseguido por el aparato judicial ecuatoriano.
Durante el proceso, Glas se declaró inocente y negó haber manejado fondos o haberse beneficiado personalmente. Diversos sectores han señalado que este nuevo fallo refuerza el uso del poder judicial como herramienta de represión política contra exfuncionarios vinculados a gobiernos progresistas.
Ruptura con México tras violación a su embajada
El caso tomó relevancia internacional en abril de 2024, cuando Glas fue capturado dentro de la embajada de México en Quito, donde había solicitado asilo político. La irrupción violenta de policías ecuatorianos en la sede diplomática provocó una ruptura de relaciones entre México y Ecuador.
El entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó el operativo como una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía mexicana. El encargado de negocios, Roberto Canseco, confrontó directamente a los agentes:
“A riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país”, declaró ante la prensa.
Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Noboa acusó a México de haber otorgado un asilo contrario al derecho internacional, aunque la comunidad internacional condenó de forma unánime el asalto a la embajada mexicana por considerarlo una violación grave a la Convención de Viena y al derecho al asilo.
El caso de Jorge Glas refleja no sólo la crisis institucional y el deterioro del Estado de derecho en Ecuador, sino también el avance de una estrategia regional de criminalización de líderes progresistas y uso político de la justicia.
