Un juez federal de Estados Unidos dio al gobierno de Donald Trump hasta el 9 de octubre para presentar argumentos en defensa de una norma que restringe la permanencia de estudiantes, investigadores y periodistas extranjeros en el país.
El magistrado F. Dennis Saylor, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, pidió a las partes involucradas presentar una hoja de ruta para definir cómo continuará el proceso judicial. La disputa surgió después de que organizaciones educativas, sindicales y de periodistas impugnaran la nueva política migratoria.
Saylor detuvo temporalmente la entrada en vigor de la norma el pasado 14 de septiembre, luego de cuestionar la justificación presentada por el gobierno federal. En aquella resolución, calificó de “excepcionalmente débil” el sustento ofrecido por la administración para modificar las condiciones de los visados.
La norma contempla cambios para las visas F, destinadas a estudiantes; J, para participantes de programas de intercambio e investigadores; e I, correspondientes a representantes de medios de comunicación extranjeros.
La disputa alcanza a universidades y medios de comunicación
El caso involucra a organizaciones de educación superior, profesores, estudiantes y trabajadores de medios que buscan impedir que las nuevas restricciones entren en vigor de manera permanente.
El gobierno de Trump sostiene que la modificación responde a razones de seguridad nacional. Sin embargo, el juez cuestionó si esa justificación explica de manera suficiente las restricciones propuestas.
“Plantea interrogantes legítimos” sobre si la finalidad de la norma realmente corresponde a la seguridad nacional, señaló Saylor en su resolución.
La regulación plantea sustituir el esquema que permite a ciertos estudiantes permanecer legalmente en Estados Unidos mientras mantienen su condición académica por periodos determinados de estancia. Para las visas F y J, la regla establece un límite de cuatro años, mientras que para periodistas con visa I contempla hasta 240 días antes de requerir una extensión.
La resolución judicial también destacó los posibles efectos de la medida sobre universidades y actividades académicas. Organizaciones educativas han advertido que mayores restricciones podrían dificultar la llegada y permanencia de estudiantes e investigadores extranjeros.
Por ahora, la norma permanece detenida mientras avanza el litigio, y el gobierno federal deberá presentar sus argumentos antes de que el tribunal determine los siguientes pasos del proceso.
Fotografía: X
