Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump presentar en un plazo de 14 días el memorando utilizado para sustentar jurídicamente los ataques militares contra embarcaciones sospechosas de participar en actividades de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Paul Engelmayer, magistrado del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó revisar de manera privada el documento elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia. El texto analiza qué facultades tendría el presidente para ordenar ataques letales, incluidos aquellos realizados mediante drones.
La orden también requiere que el Gobierno identifique qué funcionarios han consultado el memorando, cuándo tuvieron acceso y con qué finalidad, además de entregar información que explique por qué determinadas personas pudieron revisar el documento.
Desde septiembre de 2025, Washington ha efectuado más de 70 ataques contra embarcaciones que acusa de estar relacionadas con el narcotráfico, con al menos 230 personas fallecidas, de acuerdo con el recuento difundido este miércoles. La cifra y la caracterización de los objetivos forman parte de una política cuya base jurídica continúa bajo disputa.
Organizaciones llevaron el caso ante tribunales
El proceso judicial surgió después de que la ACLU, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y el Centro para los Derechos Constitucionales solicitaran mediante la Ley de Libertad de Información conocer la opinión jurídica que respalda los ataques. Ante la falta de entrega, las organizaciones acudieron a un tribunal federal.
El Gobierno estadounidense ha sostenido públicamente que las operaciones cuentan con respaldo jurídico y que están dirigidas contra embarcaciones vinculadas con organizaciones criminales. Los grupos demandantes cuestionan esa interpretación y buscan que la opinión legal sea sometida a escrutinio público.
La revisión ordenada por Engelmayer no determina todavía si los ataques son legales o ilegales, sino que permitirá al juez conocer directamente el razonamiento utilizado por la administración antes de resolver el litigio sobre la divulgación del documento.
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