La junta militar de Mali anunció la detención de dos generales y de un ciudadano francés, acusados de planear un intento de golpe de Estado. La operación incluyó el arresto de militares y civiles señalados de intentar desestabilizar al país, en un contexto de endurecimiento de las medidas contra la disidencia política y militar.
De acuerdo con reportes recogidos por The Guardian y agencias internacionales, entre los detenidos figura el francés Yann Vézilier, identificado en registros oficiales de 2020 como teniente coronel y presuntamente vinculado a labores de inteligencia. Las autoridades malienses lo acusan de coordinar acciones con líderes políticos, actores de la sociedad civil y personal militar para alterar el orden institucional.
Altos mandos señalados en el presunto complot
Las investigaciones apuntan a dos oficiales de alto rango: Abass Dembélé, exgobernador de la región de Mopti, destituido en mayo tras exigir una indagatoria sobre denuncias de abusos militares, y Néma Sagara, reconocida por su papel en operaciones contra insurgentes en 2012. Según el gobierno de transición, el plan golpista habría iniciado el 1 de agosto e involucraba al menos a once personas.
Contexto de represión interna
El anuncio se produce tras la primera manifestación en favor de la democracia desde el golpe de Estado de 2020, realizada en mayo. Desde entonces, la junta ha intensificado la represión contra periodistas, líderes políticos y miembros de la sociedad civil, extendiéndola ahora a integrantes de las fuerzas armadas. Analistas regionales sostienen que estos arrestos buscan desincentivar cualquier disidencia interna.
Crisis de seguridad y alianzas internacionales
Mali enfrenta una prolongada crisis de seguridad por la presencia de grupos armados aliados con Al Qaeda y el Estado Islámico. Desde 2022, tras expulsar a las tropas francesas, el país ha reforzado su cooperación militar con Rusia, aunque los ataques insurgentes se han intensificado en los últimos meses.
En junio, el líder de la junta, Assimi Goïta, obtuvo una prórroga de cinco años en el poder, posponiendo el retorno al gobierno civil inicialmente previsto para marzo de 2024. Un mes antes, los militares disolvieron todos los partidos políticos, profundizando el aislamiento político y la concentración de poder en manos del régimen castrense.
