La justicia de Corea del Sur condenó a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, tras declararlo culpable de insurrección y abuso de poder por intentar imponer un régimen militar en 2024. El fallo considera que utilizó su cargo para alterar el orden constitucional, en uno de los episodios más graves de la política reciente del país.
El tribunal determinó que el uso de las Fuerzas Armadas no respondió a una amenaza real, sino a una maniobra para concentrar el poder ante un contexto político adverso. La decisión judicial subraya que se vulneraron principios básicos del sistema democrático.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2024, cuando el entonces mandatario decretó una medida excepcional que otorgó el control interno a los militares. Aunque la insurrección duró apenas seis horas, generó una crisis política profunda. Durante ese periodo se suspendieron funciones del Parlamento, además de restringirse la actividad de partidos, sindicatos y medios de comunicación.
La fiscalía sostuvo que estas acciones debilitaron el papel de la Asamblea Nacional y afectaron la independencia de los organismos electorales. El impacto fue directo sobre la estabilidad institucional, al romper el equilibrio entre poderes y limitar derechos políticos fundamentales.
La legislación surcoreana contempla la pena de muerte o prisión perpetua por insurrección. En este caso, el tribunal optó por la cadena perpetua al considerar plenamente acreditada la responsabilidad del exmandatario.
Yoon había construido su carrera como fiscal con una imagen anticorrupción, lo que lo llevó a la presidencia en 2022. Sin embargo, la crisis política de 2024 erosionó su legitimidad y marcó el colapso de su proyecto político. Actualmente enfrenta otros procesos judiciales, mientras su defensa analiza posibles apelaciones.
Además, el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, fue condenado a 30 años de prisión. Estas sentencias se suman a las ya dictadas contra otros exfuncionarios involucrados en la implementación del estado de excepción.
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