El presidente ultraderechista de Chile, José Antonio Kast, utilizó su primera Cuenta Pública ante el Congreso para presentar una agenda centrada en el castigo, la militarización del orden público y el endurecimiento de la política migratoria. A poco más de dos meses de asumir el gobierno, el mandatario anunció medidas que condicionan derechos y beneficios sociales bajo su promesa de recuperar el control del país.
Uno de los principales anuncios fue la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades, mediante el cual personas sancionadas por ataques a policías, daños a monumentos, interrupciones al transporte u otras conductas perderían acceso a apoyos como gratuidad educativa, subsidios o pensión garantizada. La propuesta abre cuestionamientos al pretender utilizar derechos sociales como herramienta de castigo estatal.
En materia de seguridad, Kast describió a Chile como un país golpeado por el crimen organizado y anunció la intervención de 50 barrios considerados críticos, mediante patrullajes intensivos y operativos focalizados. El gobierno plantea una expansión de la presencia policial en territorios populares, bajo una narrativa que coloca la fuerza pública como principal respuesta a problemas sociales y de seguridad.
El mandatario también reiteró su intención de expulsar a 330 mil personas migrantes en situación irregular, aunque señaló que quienes abandonen voluntariamente el país podrían solicitar posteriormente un nuevo ingreso. La medida profundiza el discurso de la derecha chilena que vincula migración con inseguridad, mientras coloca a miles de familias en una situación de incertidumbre y posible desplazamiento.
Kast acompañó su agenda de seguridad con un diagnóstico económico adverso y anunció un ajuste fiscal para contener el gasto público. Aunque aseguró que no afectará beneficios sociales, advirtió que habrá dificultades durante el proceso. Su gobierno busca presentar los recortes como una obligación inevitable, mientras prioriza recursos para seguridad en un país con desempleo superior al nueve por ciento.
La primera Cuenta Pública confirmó el rumbo político del nuevo gobierno chileno: mayor control policial, restricciones migratorias y sanciones que podrían alcanzar derechos sociales. Bajo la promesa de restaurar el orden, Kast perfila un modelo de gobierno que endurece la respuesta estatal contra migrantes, sectores populares y expresiones de inconformidad social.
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