Baltimore, Maryland.– Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño convertido en un caso emblemático de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue detenido nuevamente este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas días después de haber recuperado su libertad por orden judicial.
El viernes pasado, Ábrego había sido liberado tras pasar semanas en una prisión de Tennessee, donde fue recluido por un supuesto “error administrativo”. Sin embargo, la administración de Trump reactivó los procedimientos en su contra y ordenó su detención en el momento en que acudió a una cita de control con las autoridades migratorias.
Intento de deportación a Uganda
De manera sorpresiva, el gobierno de Estados Unidos planea deportar a Ábrego a Uganda, país africano con el que Washington firmó un acuerdo para recibir migrantes considerados “indeseables” por las autoridades estadounidenses.
Los abogados del salvadoreño denunciaron que esta medida es un acto de represalia por parte de la administración Trump, luego de que Ábrego impugnara su primera deportación a El Salvador, donde había sido enviado de forma irregular y recluido en una prisión de alta seguridad.
Un caso emblemático de la política antiinmigrante de Trump
Desde 2019, Ábrego contaba con un estatus de protección legal otorgado por un juez federal, quien determinó que no podía ser deportado a El Salvador por riesgo a su integridad física. Sin embargo, la Casa Blanca lo ha señalado como presunto integrante de la pandilla MS-13 y lo acusa de delitos graves que él niega categóricamente.
Aunque está casado con una ciudadana estadounidense, enfrenta un proceso judicial por cargos de tráfico de personas, en un caso marcado por irregularidades legales y posibles violaciones al debido proceso.
Críticas a las deportaciones exprés
Organizaciones defensoras de derechos humanos y juristas advierten que este caso refleja la radicalización de la política migratoria del gobierno de Trump. Señalan que se están aplicando deportaciones aceleradas sin audiencias judiciales, una práctica que califican como inconstitucional y contraria a los tratados internacionales.
Mientras tanto, sectores cercanos a Trump celebran la detención de Ábrego como un ejemplo de “mano dura” contra la migración irregular, reforzando la narrativa de criminalización contra comunidades latinoamericanas.
