La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un golpe decisivo a la política económica del presidente Donald Trump al determinar que los aranceles generalizados impuestos bajo una ley de emergencia federal son ilegales. Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal concluyó que el mandatario excedió su autoridad al aplicar gravámenes sin una autorización clara del Congreso.
El fallo fue redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, quien sostuvo que el Ejecutivo no puede atribuirse facultades amplias e ilimitadas para fijar aranceles sin respaldo legislativo explícito. En su razonamiento, explicó que cuando el Congreso delega este tipo de poder lo hace de manera específica y con límites precisos, condiciones que —según argumentó— no se cumplieron en este caso.
La decisión determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorga autoridad para imponer aranceles, pese a que la administración Trump defendía que la facultad de “regular importaciones” incluía la posibilidad de aplicar impuestos comerciales.
A la mayoría se sumaron jueces conservadores y progresistas, mientras que los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh expresaron su desacuerdo.
Kavanaugh advirtió que el tribunal no resolvió qué ocurrirá con los miles de millones de dólares ya recaudados, dejando abierta una interrogante de alto impacto económico. Según cifras oficiales, hasta diciembre el Gobierno había ingresado más de 134 mil millones de dólares por estos gravámenes.
El debate sobre eventuales reembolsos podría trasladarse ahora a tribunales inferiores, en medio de advertencias de la administración sobre posibles efectos severos para la economía si se ordena la devolución masiva de recursos.
Los aranceles formaban parte de la estrategia comercial del segundo mandato de Trump y alcanzaron a decenas de socios estratégicos, con incrementos que en algunos casos llegaron hasta el 145 % para productos procedentes de China. También incluyeron medidas dirigidas a importaciones de México y Canadá.
El presidente defendió públicamente los aranceles como un instrumento esencial para fortalecer la economía y proteger la competitividad estadounidense. En distintas intervenciones, argumentó que estas medidas eran clave para evitar abusos comerciales de otras potencias y garantizar prosperidad nacional.
Sin embargo, empresas importadoras y pequeños negocios que promovieron las demandas sostuvieron que la imposición de estos gravámenes sin supervisión del Congreso representaba una expansión sin precedentes del poder ejecutivo.
El fallo reafirma que la facultad de imponer impuestos y aranceles recae constitucionalmente en el Congreso, no en la Casa Blanca. Además, refuerza la doctrina aplicada por el propio tribunal en casos recientes, donde ha exigido autorización legislativa clara para decisiones de gran impacto económico o político.
La resolución representa uno de los casos económicos más significativos en años y podría redefinir el uso de poderes de emergencia por parte de futuros presidentes.
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