16 DE JULIO, 2025. Un juez del Tribunal Superior del Reino Unido decidió levantar una orden de secrecía que pesaba sobre una de las filtraciones de información sensible más graves en la historia del país, permitiendo al público enterarse de cómo un error durante el envío de un correo electrónico culminó con la reubicación de miles de afganos que colaboraron con el gobierno británico.
En febrero de 2022, el gobierno del Reino Unido sufrió una de sus peores brechas de seguridad de la historia reciente cuando un funcionario del Ministerio de Defensa compartió por error un archivo que contenía información personal de casi 19 mil afganos que habían colaborado con las fuerzas británicas en Afganistán. El incidente expuso nombres, domicilios y datos de contacto de personas y sus familias que solicitaron asilo tras la retirada occidental y el regreso del régimen talibán en 2021, colocándolos en un grave riesgo de represalia.
Reacción y encubrimiento
La gravedad de la filtración no fue detectada sino hasta agosto de 2023, cuando fragmentos de la base de datos circularon en redes sociales. El gobierno británico, bajo presión, respondió organizando en secreto un programa de reubicación de emergencia para los afectados. Este esquema, conocido como Ruta de Respuesta Afgana (ARR, por sus siglas en inglés), permitió hasta ahora la llegada a Reino Unido de unas 4,500 personas, con coste estimado de 400 millones de libras esterlinas y la previsión de cifras mucho mayores.
Dada la sensibilidad del asunto y el potencial de poner en peligro aún más a los colaboradores en Afganistán, el gobierno solicitó y obtuvo una orden judicial que prohibió completamente la publicación de cualquier información sobre la filtración o el operativo de traslado por casi tres años. Esta medida, inédita por su amplitud y duración, mantuvo fuera del debate público una crisis humanitaria y política de alto impacto.
El costo económico de trasladar a las 4 mil 500 personas desde Afganistán a Reino unido, según estimó el ministro de Defensa John Heanley, fue de 400 millones de libras esterlinas.
El presidente del Reino Unido, el experto en seguridad Keith Starmer, advirtió hoy ante el parlamento que varios exministros del Partido Tory “tienen serias preguntas que responder” sobre la filtración de nombres.
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