La Fiscalía Superior de Murcia ha iniciado una investigación penal centrada en las declaraciones del presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, a raíz de los disturbios registrados en Torre Pacheco. El objetivo es determinar si sus intervenciones públicas podrían constituir un delito de odio, enmarcado en un contexto de creciente tensión social y conflictividad en la zona.
La denuncia que dio pie a estas diligencias fue interpuesta de forma conjunta por representantes del PSOE, Izquierda Unida y Podemos, quienes consideran que Antelo habría alimentado un discurso xenófobo al referirse a la implicación de población migrante en los incidentes ocurridos en esa localidad.
La investigación se tramita desde la Fiscalía de Cartagena, bajo la responsabilidad de la fiscal especializada en delitos de odio. Además de las declaraciones del líder de Vox-Murcia, también se analizarán publicaciones en redes sociales relacionadas con los sucesos, para valorar si existe incitación al rechazo o a la discriminación por motivos de origen, nacionalidad o etnia.
El proceso aún se encuentra en fase preliminar, y por el momento no se ha formalizado ningún procedimiento penal, pero la Fiscalía busca establecer si hay fundamentos legales suficientes para ello.
Por otra parte, Podemos ha ampliado la ofensiva judicial al presentar otra denuncia contra el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, y contra Daniel Esteve, referente del grupo Desokupa. En este caso, se les atribuye una presunta incitación a la violencia y al odio contra personas migrantes, mediante mensajes en redes sociales en los que, según la denuncia, se vincula de forma sistemática la inmigración con la delincuencia.
Desde la formación morada se argumenta que tales manifestaciones, dadas en un contexto de alta tensión y con una audiencia significativa, podrían haber contribuido a legitimar la violencia o generar hostilidad social. La denuncia subraya que la gravedad del mensaje se ve acentuada por la responsabilidad pública de los emisores, y que este tipo de discursos no puede considerarse una mera opinión protegida por la libertad de expresión.
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