El 31 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas (NI), aprobó en un solo día, sin análisis previo ni debate, una serie de reformas a la Constitución del país. Estas modificaciones afectan a varios artículos clave de la carta magna (75, 80, 133, 152 y 154), permitiendo la reelección presidencial indefinida, extendiendo el mandato presidencial a seis años y eliminando la segunda vuelta electoral. Estas reformas sitúan a El Salvador al lado de otros países con sistemas autoritarios, como explicó Noah Bullock, líder de la ONG Cristosal.
Bullock advirtió que estas reformas no pueden ser vistas como un avance democrático ni como una «modernización» del sistema político en El Salvador. Según el activista, la medida es el resultado de un proceso de represión sistemática que ha empujado al exilio o encarcelamiento a muchos periodistas, defensores de derechos humanos, y ha instaurado un ambiente de autocensura y silencio generalizado entre la población.
El Salvador se une así a un grupo de naciones con gobiernos autoritarios, en un contexto internacional donde los países con regímenes similares tienden a actuar en conjunto, sin priorizar la protección de los derechos humanos. Bullock también destacó que la reforma pone al presidente Nayib Bukele en una posición en la que podría postularse a un tercer mandato consecutivo, aunque hasta la fecha, el mandatario no ha confirmado su intención de presentarse nuevamente.
La reforma es vista como el punto culminante de un proceso de «manipulación constitucional progresiva» que está erosionando la democracia en el país, según un comunicado de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que instó a la comunidad internacional a mantener su atención sobre los acontecimientos en El Salvador.
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