El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó de manera total la ley aprobada por el Congreso que buscaba reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y de otros condenados por el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022, una decisión que bloquea un intento legislativo por revertir sentencias dictadas por el Poder Judicial.
El veto fue formalizado durante un acto oficial en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes, perpetrado por simpatizantes del entonces expresidente Jair Bolsonaro. En ese contexto, Lula sostuvo que las instituciones democráticas brasileñas actuaron con firmeza, y que los responsables del intento golpista fueron juzgados con pleno respeto a sus derechos y garantías procesales.
El mandatario subrayó que el Supremo Tribunal Federal (STF) desempeñó un papel central al procesar y condenar a los responsables del ataque institucional, y defendió que esos juicios constituyen una prueba del funcionamiento del sistema democrático brasileño, frente a quienes intentaron quebrantarlo.
Una ley para beneficiar a la cúpula golpista
El proyecto vetado contemplaba mecanismos que reducían de forma sustancial las condenas, al impedir la acumulación de penas por delitos como abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado, además de rebajas adicionales cuando los crímenes se cometieran en acciones multitudinarias, como ocurrió en enero de 2023. También planteaba una progresión más rápida al régimen semiabierto, lo que habría permitido a varios condenados abandonar el régimen cerrado en pocos años.
Bajo ese esquema, Bolsonaro —condenado a 27 años de prisión—, altos mandos militares y exministros de su gobierno habrían sido los principales beneficiados, lo que generó críticas por tratarse de una intervención del Legislativo en sentencias ya dictadas por el Poder Judicial.
Un veto que aún puede ser revertido
Pese al veto presidencial, el Congreso brasileño conserva la facultad de insistir en el proyecto y anular la decisión de Lula, lo que mantiene abierto el debate político y jurídico sobre el alcance de las condenas por el intento de golpe.
A tres años de los hechos, el STF ha condenado a más de 1,399 personas, de las cuales 29 de los 31 principales acusados recibieron penas de prisión por su participación en la conspiración golpista. Solo siete integrantes del llamado “núcleo central” cumplen actualmente condena efectiva, mientras el resto continúa en procesos de apelación.
Lo más relevante: Lula bloqueó una ley que habría reducido drásticamente las penas a Bolsonaro y otros golpistas, defendiendo la independencia judicial y el principio de que los ataques a la democracia no deben quedar impunes.
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