Una ola de incendios forestales azota Turquía desde el 29 de junio, afectando gravemente las provincias de Esmirna, Manisa y Hatay. Las autoridades han evacuado a más de 50 000 personas de 41 localidades, en uno de los desplazamientos más masivos por causas ambientales en años recientes.
La peor parte se la llevó el distrito de Seferihisar, en Esmirna, donde 42 300 personas tuvieron que abandonar sus hogares. A ello se suman 2 936 evacuados en Manisa y 1 500 en Hatay, según la agencia turca de gestión de emergencias AFAD.
El fuego, alimentado por vientos de hasta 117 km/h, ha destruido más de 190 viviendas, locales comerciales y una veintena de establos. 79 personas han sido atendidas por lesiones leves.
A pesar de los esfuerzos de bomberos y aeronaves, los incendios siguen activos en varios puntos. El gobierno turco ha sido criticado por respuestas tardías y falta de prevención, en un contexto donde las olas de calor y la sequía se intensifican cada año.
Desde una perspectiva social, los más afectados han sido campesinos, trabajadores rurales y comunidades pobres, quienes enfrentan la pérdida de sus viviendas y medios de subsistencia sin un plan de reconstrucción garantizado.
Este desastre no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del cambio climático, la deforestación y la desprotección ambiental. Turquía, como muchos países del sur global, vive las consecuencias de un modelo económico que prioriza el desarrollo urbano y turístico sobre la sostenibilidad ecológica.












