La violencia armada en Haití dejó al menos 70 personas asesinadas y más de 30 heridas tras ataques perpetrados por pandillas en la región central de Artibonite, según denunciaron organizaciones de derechos humanos. Los hechos obligaron a cerca de 6 mil personas a desplazarse forzosamente de las localidades de Jean Denis y Pont Sondé.
De acuerdo con Garry Doriscat, vocero de la organización Defenders Plus, los ataques constituyen “violaciones flagrantes del derecho a la vida y la seguridad”, al tiempo que acusó al gobierno haitiano de una “pasividad revoltante” que equivale a complicidad. Las denuncias fueron respaldadas por el colectivo Kolektif pou Sove Latibonit.
Las organizaciones reportaron además la destrucción de más de 50 viviendas, lo que dejó a numerosas familias en condiciones de desplazamiento forzado y precariedad extrema en comunidades cercanas. En este contexto, exigieron una intervención inmediata del Estado para proteger a la población civil y advirtieron que la impunidad no puede seguir siendo la respuesta institucional.
Por su parte, la Policía Nacional de Haití informó que intervino con apoyo de una fuerza internacional tras un ataque del grupo armado “Gran Grif”. Según su versión oficial, se registraron 16 personas fallecidas y 10 heridas, una cifra considerablemente menor a la reportada por organizaciones civiles. Las autoridades indicaron que se han restablecido condiciones de control en la zona y continúan operativos de seguridad.
Este episodio se suma a una crisis estructural de violencia e inestabilidad política que atraviesa Haití desde hace años, agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moise. Desde entonces, grupos armados han expandido su control territorial, llegando a dominar gran parte de la capital, Puerto Príncipe.
En medio de este escenario, el país enfrenta una emergencia humanitaria generalizada, con alrededor de 5.5 millones de personas que requieren asistencia urgente. La combinación de violencia, colapso económico y debilidad institucional sigue profundizando la crisis, mientras organismos civiles demandan respuestas efectivas y con enfoque en derechos humanos.
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