El presidente argentino Javier Milei ha dado un paso clave en su estrategia de reconfiguración del Estado, al poner en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la mayor empresa pública de agua y saneamiento del país. La decisión, formalizada a través del Boletín Oficial, contempla la venta del 90% de las acciones en un lapso de ocho meses, consolidando una serie de reformas que apuntan a reducir la presencia estatal en sectores estratégicos.
AySA tiene una historia emblemática dentro del debate sobre el rol del Estado. Tras haber sido privatizada en los años noventa, bajo la gestión de Aguas Argentinas, el servicio sufrió una serie de deficiencias: tarifas desproporcionadas, escasa inversión y una notable baja en la calidad del servicio, lo que derivó en su reestatización en 2006. En aquel momento, el Gobierno argentino decidió recuperar el control para garantizar el acceso al agua como un derecho humano esencial.
En la actual iniciativa, se contempla la posibilidad de que las nuevas administraciones privadas interrumpan el servicio por falta de pago, una medida que afectaría de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, generando preocupación en organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
La privatización de AySA se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Milei, que ya ha impulsado la transferencia de Aerolíneas Argentinas a manos privadas, así como la venta parcial de YPF, permitiendo una mayor participación de empresas extranjeras en áreas como Vaca Muerta. También se han delegado servicios como el Correo Argentino y los medios públicos, todos bajo el argumento de mejorar la eficiencia y reducir el gasto estatal.
Economistas críticos y analistas sociales han señalado que este modelo replica experiencias del pasado, particularmente las aplicadas durante la presidencia de Carlos Menem en los años noventa. Según explican, ese tipo de reformas acentúan la desigualdad, concentran recursos en pocos actores y debilitan la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales.
El caso del agua como recurso privatizado ha sido fuente de conflicto en diversos países de la región. En Bolivia, la concesión del servicio a una firma extranjera en Cochabamba derivó en la recordada «Guerra del Agua» en el año 2000, que terminó con la anulación del contrato. En Chile, el agua se encuentra en manos de corporaciones privadas, lo que ha generado una serie de disputas territoriales y falta de acceso en zonas rurales. Perú enfrenta desafíos similares.
En este contexto, la privatización de AySA no solo representa una decisión económica, sino un movimiento político que redefine el papel del Estado en la vida cotidiana de los argentinos. Las implicancias sociales y el antecedente de experiencias fallidas plantean interrogantes sobre el futuro del acceso al agua y otros servicios esenciales.
Foto: Redes
