El presidente argentino Javier Milei avanzó en una profunda reestructuración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), otorgándole nuevas atribuciones que incluyen la posibilidad de detener personas, una medida que ya generó fuertes cuestionamientos políticos y legislativos.
La modificación fue establecida mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde el Ejecutivo plantea que el objetivo central de la reforma es ordenar, delimitar y precisar las funciones del organismo de inteligencia, así como redefinir su estructura operativa.
Entre los cambios más relevantes, el decreto autoriza a los agentes de inteligencia a aprehender personas de manera directa, con la obligación de notificar de forma inmediata a las fuerzas policiales y de seguridad correspondientes. Asimismo, se establece que las actividades de inteligencia deberán desarrollarse bajo un carácter encubierto, reforzando el secretismo operativo del organismo.
Desde la SIDE explicaron que la actualización normativa busca fortalecer las tareas de contrainteligencia, enfocadas en proteger al Estado argentino frente a amenazas externas, espionaje o injerencias de actores extranjeros.
No obstante, la decisión presidencial desató una rápida reacción de la oposición. Un interbloque de diputados advirtió que la ampliación de facultades podría convertir a los servicios de inteligencia en una estructura con funciones policiales, algo que consideran incompatible con el sistema democrático.
Legisladores de espacios como Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal manifestaron su preocupación por el riesgo de que estas atribuciones habiliten prácticas de vigilancia sobre sectores sociales y laborales ajenos a asuntos estratégicos o sensibles.
Desde el peronismo, el diputado Agustín Rossi alertó que la medida podría abrir la puerta a tareas de inteligencia interior por parte de las Fuerzas Armadas, y adelantó que su bloque impulsará acciones parlamentarias para intentar anular el decreto, lo que requeriría el rechazo en ambas cámaras del Congreso.
El debate revive viejas tensiones en la historia reciente del país, marcada por los atentados terroristas de los años noventa, como el ataque a la AMIA en 1994 y a la embajada de Israel en 1992, hechos que aún pesan en la discusión sobre seguridad, inteligencia y control democrático.
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