El gobierno de Javier Milei aplicó un nuevo recorte de 2.5 billones de pesos al Presupuesto 2026, una decisión que afecta áreas clave como salud, educación, ciencia y programas sociales.
La medida fue firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de elevar la meta de superávit fiscal a 3.2 billones de pesos.
El mayor ajuste se concentra en las Obligaciones del Tesoro Nacional, con un recorte de 1.47 billones de pesos en subsidios y servicios económicos. Esto implica menos apoyo estatal para contener las tarifas de gas, electricidad y transporte público.
También se retirarán más de 97 mil millones de pesos para rutas y mantenimiento vial a través de la Dirección Nacional de Vialidad, además de fuertes reducciones en programas de eficiencia energética e infraestructura deportiva.
En educación, el recorte asciende a 78 mil millones de pesos. El Plan Nacional de Alfabetización perderá más de 35 mil millones y las universidades nacionales dejarán de recibir 5 mil 300 millones para infraestructura.
Además, el Fondo de Compensación Salarial Docente sufrirá una reducción millonaria que podría traducirse en mayor deterioro del salario de maestras y maestros si las provincias no cubren esos recursos.
El Ministerio de Salud enfrentará un ajuste de casi 70 mil millones de pesos. Se reducirán fondos para medicamentos, insumos, apoyo a provincias y programas de prevención.
Entre los recortes más sensibles destaca la quita de 5 mil millones de pesos para investigación y tratamiento del cáncer, así como menos recursos para salud sexual y programas de atención al VIH, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología perderá más de 19 mil millones de pesos, mientras que el CONICET dejará de recibir 3 mil 200 millones para formación científica.
Los recortes también alcanzan al Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía, así como a la Secretaría de Cultura, con afectaciones a museos, bibliotecas populares y el Teatro Nacional Cervantes.
Aunque el gobierno defiende estas medidas como parte de su estrategia económica, diversos sectores advierten que el costo del ajuste recae sobre derechos básicos y debilita servicios esenciales para la población.
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