El presidente argentino, Javier Milei, manifestó su intención de buscar un segundo mandato en las elecciones de 2027, asegurando que su gobierno está enfocado en reformas estructurales a largo plazo que requieren continuidad. La declaración fue realizada durante una transmisión en vivo, en la que también abordó las tensiones internas con su vicepresidenta y la reciente volatilidad del mercado cambiario.
El mandatario explicó que la actual administración está completamente concentrada en la gestión, pero aclaró que muchas de las transformaciones económicas y políticas se implementarán en una segunda etapa, prevista tras las elecciones legislativas de octubre y la renovación del Congreso en diciembre. Según sus palabras, la coordinación entre los distintos ministerios ya estaría orientada a una continuidad más allá de 2027, lo que refuerza su proyección de una eventual reelección.
Durante la conversación, Milei arremetió contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien responsabilizó de facilitar una sesión en el Senado que calificó de «ilegal». En dicho encuentro legislativo se aprobaron medidas que el mandatario considera contrarias al equilibrio fiscal, como el aumento a jubilados y la ley de discapacidad, que ya anunció que vetará.
Desde su visión, lo ocurrido en el Congreso provocó desconfianza en los mercados y una posterior corrida cambiaria, lo que habría disparado el valor del dólar a 1.380 pesos, el máximo desde la eliminación del cepo cambiario. En ese contexto, Milei responsabilizó a sectores de la oposición de generar un clima adverso para la economía en plena temporada electoral, con el objetivo, según él, de desgastar a su gobierno.
A pesar del discurso de eficiencia y ajuste que promueve el presidente, las políticas neoliberales impulsadas por su gestión han profundizado el deterioro del tejido social, con recortes que afectan directamente a los sectores más vulnerables. Mientras Milei proyecta una reelección basada en promesas de reformas futuras, la realidad inmediata muestra un país golpeado por la inflación, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, consecuencias directas de un modelo económico que prioriza el equilibrio fiscal por encima del bienestar ciudadano. En nombre del mercado, se consolidan decisiones que excluyen y precarizan, poniendo en duda si el rumbo elegido realmente beneficia a la mayoría o simplemente consolida privilegios para unos pocos.
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