El estado de Misisipi pondrá en marcha una nueva ley que autoriza a su Departamento de Seguridad Pública a elaborar un registro de personas migrantes que permanezcan en la entidad sin autorización de residencia. La medida entrará en vigor el próximo 1 de julio y forma parte de una serie de acciones impulsadas por distintos estados de Estados Unidos en materia migratoria.
La legislación faculta a las autoridades estatales para utilizar los mecanismos legales de investigación con el fin de identificar a personas consideradas en situación migratoria irregular. El registro podrá incluir nombre, domicilio, país de origen, edad, antecedentes penales y datos relacionados con procesos migratorios o de deportación, además de compartir información con corporaciones estatales y locales cuando exista la presunción de una infracción legal.
El texto de la ley no establece de forma obligatoria si la información deberá entregarse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque tampoco limita esa posibilidad.
«Para abordar los problemas causados por la inmigración ilegal, necesitamos entender la magnitud del problema», afirmó la senadora estatal Angela Hill, impulsora de la iniciativa.
Crecen las leyes migratorias en los estados
La aprobación de esta legislación ocurre mientras distintos gobiernos estatales fortalecen sus propias políticas migratorias. Durante este año, las legislaturas locales han aprobado más de un centenar de leyes relacionadas con migración, con enfoques que varían según la orientación política de cada administración.
En estados gobernados por el Partido Republicano predominan medidas que amplían la cooperación con las autoridades federales de inmigración y endurecen los controles administrativos. En contraste, entidades encabezadas por gobiernos demócratas han impulsado normas para limitar algunas acciones de las agencias migratorias federales y reforzar la protección de comunidades migrantes.
Organizaciones civiles cuestionan la medida
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes manifestaron inquietud por los posibles efectos de la nueva legislación. Especialistas consideran que mantener un registro permanente podría resultar complejo debido a los cambios constantes en el estatus migratorio de muchas personas.
Además, colectivos civiles advirtieron que la medida podría afectar la relación entre las comunidades migrantes y las autoridades locales, al generar desconfianza para denunciar delitos o solicitar apoyo institucional.
De acuerdo con estimaciones del American Immigration Council, Misisipi registra menos de 28 mil personas migrantes sin autorización de residencia, una cifra que representa menos del uno por ciento de la población estatal. Mientras tanto, el debate sobre el alcance de las facultades estatales en materia migratoria continúa en distintas regiones de Estados Unidos.
Fotografía: Agencia Enfoque
