El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció iniciativas para endurecer las sanciones contra quienes, según su gobierno, difamen a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en medio de la polémica por el documental NAZA.
Netanyahu anunció que impulsará ante la Knéset dos proyectos de ley que permitirían revocar la ciudadanía israelí de personas acusadas de difamar a soldados y multiplicar por 20 las indemnizaciones económicas contempladas en demandas por difamación contra integrantes del Ejército. Hasta ahora, la propuesta no cuenta con un texto legislativo formal que defina con precisión qué conductas quedarían comprendidas.
El anuncio ocurre después de que el documental NAZA, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, provocara fuertes críticas dentro del gobierno. La cinta, producida por The Guardian, obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia y recoge testimonios anónimos de 24 integrantes del aparato militar y de inteligencia israelí sobre las operaciones en Gaza.
Netanyahu acusó a la producción de presentar a los soldados israelíes como criminales de guerra y lanzó una advertencia contra quienes, desde su perspectiva, dañan la imagen de las FDI.
“Su lugar no está con nosotros”, afirmó Netanyahu al referirse a quienes considera responsables de «difamar» al Ejército.
NAZA pone bajo la lupa las operaciones en Gaza
El documental examina los sistemas utilizados por la inteligencia militar israelí para seleccionar objetivos durante el genocidio en Gaza. Según los testimonios recogidos por los realizadores, las autoridades militares conocían de antemano la posible presencia de civiles, entre ellos mujeres e infantes, en determinados ataques. La producción sostiene además que sistemas tecnológicos ayudaron a identificar objetivos y calcular posibles víctimas.
El Ejército israelí rechaza las acusaciones y cuestiona los testimonios anónimos utilizados por la película. Esa posición contrasta con el respaldo que la producción ha recibido de organizaciones de derechos humanos y sectores de la industria cinematográfica israelí. Más de 1,500 cineastas israelíes firmaron una petición en defensa de Abraham y Szor y de la libertad de expresión.
La controversia también alcanzó al ministro de Cultura, Miki Zohar, quien previamente pidió retirar la ciudadanía a los directores y los acusó de “traición al Estado”. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor de las FDI ordenó estudiar posibles acciones legales contra los realizadores.
La disputa coloca nuevamente la libertad de expresión, el trabajo periodístico y la rendición de cuentas sobre las operaciones militares israelíes en Gaza en el centro del debate público.
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