En Ecuador, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones, bajo el argumento de una “grave conmoción interna” provocada por el crimen organizado. La medida suspende derechos constitucionales durante 60 días, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.
El Decreto Ejecutivo 202 se aplica en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, así como en los cantones La Maná, Las Naves y Echeandía. Según el gobierno, estas zonas son utilizadas por grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal como centros logísticos.
Con esta decisión, Ecuador acumula más de 500 días bajo regímenes de excepción desde que Noboa asumió el poder. En enero de 2024, el mandatario ya había declarado un “conflicto armado interno” para justificar la intervención militar, aunque la Corte Constitucional cuestionó la legalidad de esa figura.
Pese al despliegue militar, la violencia no ha cedido: entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 7,400 homicidios intencionales, lo que equivale a un asesinato por hora. De mantenerse esta tendencia, 2025 podría cerrar como el año más violento en la historia reciente del país.
Un informe del Centro Nacional de Inteligencia, fechado el 29 de octubre, señala la expansión territorial de los grupos criminales. Sin embargo, la falta de transparencia sobre su contenido ha generado críticas por parte de juristas y organizaciones sociales, que denuncian la ineficacia de las medidas excepcionales y su uso como herramienta de control autoritario.
Desde 2024, Noboa ha impulsado una política de militarización del territorio, respaldada por Estados Unidos bajo el discurso de la cooperación antidrogas. Analistas advierten que esta estrategia ha profundizado la crisis de derechos humanos y debilitado el control civil sobre las fuerzas armadas.
“El estado de excepción permanente normaliza el autoritarismo”, advierte el politólogo Andrés Chiriboga. “Noboa gobierna en emergencia continua, pero sin atacar las causas estructurales del crimen: desigualdad, corrupción policial y narcoinfiltración estatal”.
En las zonas intervenidas, se autorizan allanamientos sin orden judicial, requisas y ocupación de bienes, lo que ha encendido alertas por posibles abusos. Mientras tanto, las comunidades costeras viven bajo toques de queda informales y patrullajes militares, en un clima donde la seguridad se impone a costa del miedo.
El nuevo decreto coincide con declaraciones recientes de Noboa sobre permitir la presencia de tropas extranjeras en el país, especialmente en Galápagos y la costa del Pacífico. Organizaciones sociales han denunciado esta posibilidad como una amenaza directa a la soberanía nacional.
Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), “el estado de excepción permanente y la apertura a fuerzas extranjeras son parte de un mismo proceso de entrega del país al control militar transnacional”.
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Fotografía: Redes
