ONG israelíes rompen el silencio y acusan por primera vez a su gobierno de cometer genocidio en Gaza

Las organizaciones responsabilizaron directamente a los dirigentes políticos y también criticaron a la comunidad internacional por su inacción

Dos de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas de Israel, B’Tselem y Physicians for Human Rights Israel (PHRI), acusaron públicamente al gobierno israelí de estar cometiendo un genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. Es la primera vez que grupos israelíes —liderados por ciudadanos judíos— utilizan esa palabra para describir la ofensiva militar iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Durante una rueda de prensa celebrada en Jerusalén, representantes de ambas ONG presentaron informes independientes en los que, con base en análisis legales, testimonios, documentos y declaraciones oficiales, concluyen que las acciones de Israel cumplen con los criterios del genocidio según la Convención de Ginebra.

“Precisamente en este momento es especialmente importante llamar a las cosas por su nombre”, declaró la doctora Daphna Shochat, de PHRI. La directora ejecutiva de B’Tselem, Yuli Novak, fue aún más contundente: “La realidad no nos deja más opciones que reconocer la verdad: Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos de Gaza”.

Ambos informes sostienen que existe una “combinación terrorífica de circunstancias” que apunta a una intención sistemática de destruir a la sociedad palestina. Las organizaciones documentan el desmantelamiento del sistema de salud, el corte deliberado de agua, electricidad y acceso a alimentos, así como declaraciones de altos funcionarios israelíes llamando a la destrucción total del enclave.

El director de PHRI, Guy Shalev, subrayó el impacto emocional y moral de llegar a esta conclusión: “Como nieto de un sobreviviente del Holocausto, es muy doloroso para mí. Pero crecer en una sociedad donde el Holocausto es central exige algún tipo de responsabilidad”.

Los informes locales se suman a las denuncias previas de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como al caso que Sudáfrica presentó en diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Israel de genocidio.

La respuesta del gobierno israelí fue inmediata. Calificó los informes como “obscenos” y “motivados políticamente”, negando cualquier intención genocida y reiterando que su objetivo es destruir a Hamás, no a la población civil. El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a las ONG de “envalentonar al terrorismo”.

No obstante, la gravedad de las declaraciones de estas organizaciones —consideradas hasta ahora como voces críticas pero marginales en la política israelí— marca un punto de inflexión en el debate interno sobre la guerra. Aunque gran parte de la sociedad israelí continúa viendo la ofensiva en Gaza como una respuesta legítima tras el ataque más letal en su historia reciente, estas denuncias abren un espacio para una discusión incómoda y hasta ahora evitada: si las acciones del Estado han cruzado la línea del derecho internacional.

El Ministerio de Salud gazatí, administrado por Hamás, informó que casi 60,000 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva y que decenas de miles más han resultado heridas. Según PHRI, al menos 147 menores han fallecido por causas relacionadas con la desnutrición.

“La comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para frenar esta catástrofe”, advirtió Sarit Michaeli, directora internacional de B’Tselem. “Hacemos un llamado no solo a los gobiernos del mundo, sino también a la sociedad israelí, a reconocer lo que está ocurriendo y a actuar”.

Mientras el caso sigue su curso en la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional mantiene órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, el uso del término “genocidio” por parte de organizaciones israelíes podría tener repercusiones legales, políticas y morales de largo alcance.

Por ahora, la sociedad israelí sigue dividida, con el foco aún puesto en el destino de los más de 50 rehenes que permanecen en Gaza. Pero los informes de B’Tselem y PHRI podrían haber roto un tabú histórico: el de mirar hacia dentro y cuestionar si el país fundado tras el Holocausto podría estar repitiendo, en parte, los horrores que juró nunca permitir.

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Fotos: X

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