El Gobierno de Donald Trump endureció este viernes su ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI) al incluir a la propia institución dentro del régimen de sanciones de Estados Unidos, una medida que provocó críticas de Naciones Unidas, gobiernos europeos y organismos defensores del derecho internacional.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó la decisión estadounidense y advirtió que las sanciones forman parte de una serie de acciones que podrían obstaculizar el trabajo de quienes investigan genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Türk pidió a los 125 países integrantes del Estatuto de Roma adoptar medidas para garantizar que la Corte pueda continuar funcionando.
La CPI también rechazó las restricciones y sostuvo que buscan interferir en el funcionamiento de un tribunal creado precisamente para investigar los crímenes internacionales más graves cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren actuar. La institución pidió respaldo concreto a sus Estados miembros para proteger su independencia.
Las nuevas medidas amplían la presión que Washington ya ejercía contra jueces, fiscales y otros funcionarios de la Corte, y podrían afectar también a empresas que proporcionan determinados servicios al organismo con sede en La Haya.
Sanciones de Trump enfrentan críticas por presión sobre la justicia internacional
La administración estadounidense justificó las sanciones bajo el argumento de que la CPI no debería tener capacidad para procesar a ciudadanos de Estados Unidos o de países aliados que no forman parte del Estatuto de Roma.
Sin embargo, la Corte sostiene que puede ejercer jurisdicción cuando los presuntos delitos ocurren en territorios pertenecientes a Estados miembros, como sucede en determinadas investigaciones relacionadas con Palestina y Afganistán.
La confrontación se intensificó a partir de las investigaciones vinculadas con Gaza. En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Israel y Estados Unidos han rechazado la jurisdicción del tribunal en esos casos.
Trump había firmado desde febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar a integrantes del tribunal relacionados con investigaciones contra estadounidenses o aliados de Washington.
Ahora, al dirigir las medidas contra la CPI como institución, la administración estadounidense aumenta el alcance de una estrategia que críticos consideran un intento de presionar a un órgano judicial independiente. La fiscalía del tribunal aseguró que continuará sus investigaciones pese a las restricciones.
Europa y la ONU cierran filas en respaldo a la CPI
La decisión estadounidense generó rechazo entre varios de sus propios aliados. Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Japón, Dinamarca y Países Bajos expresaron preocupación por el impacto de las sanciones sobre el sistema internacional de justicia. La Unión Europea también reiteró su respaldo a la independencia de la Corte y estudia mecanismos para limitar los efectos extraterritoriales de las medidas de Washington.
Las sanciones incluyen, en principio, restricciones sobre bienes, operaciones y transacciones vinculadas con la CPI bajo jurisdicción estadounidense. Washington, sin embargo, estableció algunas excepciones temporales para evitar una interrupción inmediata de servicios tecnológicos y determinadas operaciones necesarias para el funcionamiento del tribunal.
La ofensiva estadounidense coincidió además con el anuncio del Premio Nobel de la Paz 2026 para Navi Pillay, exjueza de la CPI y reconocida defensora del derecho internacional, en un momento en que el propio Comité Nobel advirtió sobre las crecientes presiones políticas contra instituciones jurídicas internacionales.
Fotografía: Redes
