La oposición política y diversas organizaciones sociales en El Salvador han encendido las alarmas tras la aprobación de una reforma constitucional que elimina los límites a la reelección presidencial. La medida, impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas —que controla casi la totalidad del Congreso—, abre el camino para que Nayib Bukele pueda permanecer en el poder de forma indefinida.
La reforma fue aprobada en una sesión nocturna con 57 votos a favor y solo tres en contra, reflejando el dominio absoluto del oficialismo en la Asamblea Legislativa. Además de permitir la reelección indefinida, la nueva legislación extiende los mandatos presidenciales de cinco a seis años, adelanta las elecciones de 2029 a 2027 y elimina la segunda vuelta electoral.
Con esta modificación, El Salvador profundiza su viraje hacia un modelo autoritario, donde el poder se concentra en una sola figura y los contrapesos institucionales desaparecen. Diversas voces críticas han denunciado que la medida representa el desmantelamiento formal de la democracia salvadoreña, reduciendo la posibilidad de alternancia y debilitando los mecanismos de control ciudadano sobre el Ejecutivo.
La reforma también deja sin efecto declaraciones anteriores del propio Bukele, quien en entrevistas con medios internacionales había asegurado que no buscaría un nuevo mandato, argumentando entonces que lo impedía la Constitución. Ahora, sin ese obstáculo legal, la promesa de no reelegirse queda en entredicho.
Esta transformación del marco institucional ha sido acompañada por una narrativa oficialista que justifica las reformas en nombre de la voluntad popular. Sin embargo, sectores opositores y de la sociedad civil advierten que la legitimidad democrática no puede sostenerse solo en la popularidad de un líder, especialmente cuando se eliminan los fundamentos republicanos que garantizan el equilibrio de poderes.
La figura de Bukele, conocida por su control de la comunicación digital y sus posturas de mano dura, ha sido promovida como un “modelo de éxito” por sectores de la derecha latinoamericana, que buscan replicar su esquema de poder concentrado y militarización de la seguridad pública. Sin embargo, el costo ha sido alto: la suspensión del debido proceso, miles de detenciones sin garantías legales y una creciente represión contra voces disidentes.
La oposición ha calificado esta reforma como un punto de no retorno. El temor a la instauración de un régimen permanente de excepción, sin contrapesos y con control absoluto del Estado, se ha instalado con fuerza en el debate público. Diversas organizaciones han llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante el deterioro acelerado de la institucionalidad democrática en El Salvador.
