La captura de Mateo Sebastián Pintor Rodríguez en Colombia revela cómo el régimen de excepción de El Salvador se ha extendido más allá de sus fronteras, convirtiéndose en un mecanismo de persecución internacional contra personas que ya fueron absueltas por la justicia.
El 24 de marzo de 2025, Interpol activó una alerta roja contra Sebastián, detenido en el aeropuerto de Rionegro cuando buscaba viajar a Madrid. Autoridades salvadoreñas lo acusan de ser pandillero del Barrio 18, bajo el alias de “Tatuado”. Sin embargo, documentos judiciales muestran que fue absuelto en 2021 de los cargos de extorsión y que las acusaciones en su contra tienen múltiples inconsistencias.
La ofensiva del presidente Nayib Bukele, vigente desde marzo de 2022, ha suspendido derechos constitucionales y permitido detenciones arbitrarias. Más de 85 mil personas han sido arrestadas bajo el régimen de excepción, entre ellas inocentes y opositores políticos.
El caso de Sebastián es paradigmático: fue golpeado, encarcelado y señalado falsamente como pandillero, pese a que ni en los archivos de la Policía salvadoreña ni en investigaciones independientes aparece vinculado a estructuras criminales. “No soy pandillero porque elegí otro camino para mi vida… rechazo la violencia en su totalidad”, declaró desde la cárcel “La Picota” en Bogotá.
Su madre, Frania, exagente de la PNC, asegura que la persecución contra su hijo es también una represalia por las denuncias que ella hizo contra policías corruptos. Hoy, ambos sobreviven entre el miedo a la extradición y el abandono de la comunidad internacional, pues ninguna ONG ha querido tomar el caso.
El régimen de Bukele ha emitido más de 800 alertas rojas de Interpol, cifra que supera ampliamente a otros países de la región. Aunque algunas sí han permitido detener a miembros de pandillas, también se han usado para acallar voces críticas, defensores de derechos humanos y periodistas en el exilio.
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Fotografía: Jose Cabezas
