El gobierno peruano anunció que pedirá opinión a la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de definir si concede el salvoconducto que permitiría la salida de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien recibió asilo en la embajada de México en Lima.
La cancillería peruana informó que realizó un análisis jurídico y político de la solicitud mexicana y concluyó que la Convención de Caracas de 1954 ha sido “utilizada de manera indebida en los últimos años”, al amparar a personas acusadas de delitos comunes en lugar de casos de persecución política.
“El gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención”, señaló en un comunicado oficial.
La decisión prolonga el impasse diplomático entre Perú y México, que se agudizó tras la ruptura de relaciones anunciada por Lima el pasado lunes, luego de que México otorgara asilo a Chávez. La ex primera ministra enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano adelantó que buscará promover una modificación de la Convención de Caracas, argumentando que se ha hecho “uso indebido” del instrumento regional de protección.
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