La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) denunció este 8 de diciembre la irrupción de la Policía de Israel en su sede de Jerusalén Este, donde agentes ingresaron por la fuerza, cortaron comunicaciones, confiscaron bienes e izaron una bandera israelí en el edificio. La acción, calificada por la agencia como una violación del derecho internacional, reaviva las tensiones entre el gobierno israelí y la organización humanitaria.
Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, condenó el operativo mediante un mensaje en la red social X. “Esta última acción representa un flagrante desprecio de la obligación de Israel como Estado miembro de las Naciones Unidas de proteger y respetar la inviolabilidad de los locales de la ONU”, escribió. Añadió que el ingreso policial sienta “un peligroso precedente en cualquier lugar del mundo donde esté presente la ONU”.
El portavoz de la Policía de Israel, Dean Elsdunne, aseguró que el operativo obedeció a un cobro de deuda relacionada con la Arnona, un impuesto predial municipal, y no a un “desalojo”.
La UNRWA desmintió esta versión. Su vocero, Jonathan Fowler, afirmó desde Amán que la sede “sigue siendo propiedad de la ONU” pese a la prohibición israelí para operar en la ciudad, y subrayó que la agencia no mantiene deudas con el municipio. Según Lazzarini, la policía ingresó con motocicletas, camiones y carretillas elevadoras, interrumpió las comunicaciones internas y se llevó archivos, mobiliario y equipo de oficina.
Aunque autoridades israelíes evitaron comentar la redada, organizaciones externas han señalado que la UNRWA dejó de utilizar el edificio a inicios de año ante la presión del gobierno israelí para suspender sus operaciones en Jerusalén Este.
La irrupción ocurre días después de que la Asamblea General de la ONU renovara por tres años el mandato de la UNRWA, vigente desde 1949. La decisión se dio en medio de una intensa pugna: Israel acusa a la agencia de ser parcial, mientras que los palestinos consideran que su labor es fundamental para preservar sus derechos como refugiados y mantener viva la expectativa de retorno a los hogares perdidos en 1948.
El gobierno israelí sostiene además que trabajadores de la UNRWA participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamás y que dejó cerca de 1,200 israelíes muertos. La agencia, que ha rescindido contratos de algunos empleados señalados, afirma que no ha recibido pruebas suficientes que respalden la totalidad de las acusaciones.
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