Precariedad alimentaria entre adultos en EE.UU casi se duplica de 2021 a 2025

Se prevé continuidad en la tendencia por la escalada de precios y las nuevas reglas de apoyo federal alimentario aprobadas la semana pasada

6 DE JULIO DE 2025. Datos estadísticos de la agencia demoscópica Morning Consult, y difundidos por el medio independiente Axios, revelan que 15. 6% de adultos estadounidenses viven en precariedad alimentaria a mediados de 2025.

La proporción casi duplica el porcentaje que para esta forma de precariedad reportó la encuestadora en 2021, en el primer reporte estadístico que Morning Consult publicó sobre los números del hambre entre adultos de dicho país.

Según declaraciones de personal voluntario de Share Food Network, organización caritativa de apoyo alimentario que opera desde Washington y citada por Axios, a partir del momento en 2022 en que el gobierno federal de EE.UU. se desentendió del apoyo alimentario para su población, las cifras de precariedad alimentaria se dispararon de inmediato.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es el principal programa federal de EE. UU. para combatir el hambre, proporcionando fondos mensuales a familias e individuos de bajos ingresos para comprar alimentos. Administrado por agencias estatales, los beneficios se cargan en una tarjeta EBT, similar a una tarjeta de débito, para su uso en tiendas de comestibles.

RECORTES Y RESTRICCIONES A PROGRAMAS FEDERALES ALIMENTARIOS DISPARAN LAS CIFRAS DEL HAMBRE

A partir de la legislación republicana aprobada en junio de 2025, el SNAP enfrenta cambios significativos. Una de las modificaciones clave es la expansión de los requisitos laborales, que ahora exigirían a muchos beneficiarios trabajar 80 horas al mes o participar en actividades comunitarias/educativas. Además, se ha propuesto excluir del programa a inmigrantes con asilo o «parole» humanitario, endureciendo drásticamente las condiciones de elegibilidad para miles de personas.

Como argumento para los ajustes a SNAP, la Casa Blanca expone que se busca incentivar la entrada de más adultos al mercado laboral, reducir la dependencia ciudadana respecto a apoyos estatales, además de mantener en marcha la campaña contra «el desperdicio, el fraude y el abuso».

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