Diversas organizaciones sociales, feministas, sindicales, ambientalistas y culturales se unieron este jueves en Quito para manifestar su rechazo contundente al paquete de leyes promovido por el presidente Daniel Noboa, aprobado por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. Los colectivos exigen la derogación inmediata de estas normas, que consideran impuestas por una agenda neoliberal dictada por el Fondo Monetario Internacional y que atentan directamente contra los derechos de la población.
La protesta comenzó con una concentración frente al Ministerio de la Mujer, que fue eliminado en la última reorganización del gabinete presidencial, una decisión que provocó una fuerte reacción entre defensoras de derechos humanos y movimientos feministas, quienes consideran que Noboa está retrocediendo en las políticas de protección hacia las mujeres.
Durante la movilización, también se detuvieron en el Ministerio del Ambiente, fusionado con Energía y Minas, lo que los manifestantes califican como un grave retroceso en las políticas ambientales y una amenaza directa a los territorios, comunidades y ecosistemas del país. Esta medida evidencia la prioridad del Gobierno de Noboa en favorecer intereses extractivistas por encima de la conservación ambiental.
En un acto simbólico, los participantes expresaron su rechazo ante los vínculos que el Gobierno ecuatoriano mantiene con el Estado de Israel, acusado internacionalmente por violaciones flagrantes a los derechos del pueblo palestino, señalando una alineación preocupante en la política exterior de Noboa.
La jornada concluyó en las inmediaciones del Ministerio de Cultura, recientemente fusionado con Educación, lo que ha generado preocupación entre artistas y representantes culturales, quienes temen una pérdida de autonomía institucional y recortes presupuestarios significativos bajo la administración de Noboa.
Las organizaciones convocantes denunciaron que las reformas contemplan despidos masivos y recortes presupuestarios que afectan derechos laborales, sociales y ambientales, evidenciando la falta de un proceso transparente y justo. La confirmación gubernamental sobre la desvinculación de al menos 5.000 funcionarios públicos sin evaluaciones claras ni justificaciones fundamentadas ha intensificado la crítica hacia la gestión del presidente.
Desde las calles, los movimientos sociales advierten que estas decisiones representan un giro autoritario y regresivo, alineado con intereses neoliberales y extractivistas, que ponen en riesgo los derechos históricos del pueblo ecuatoriano y consolidan una política que prioriza el ajuste económico sobre el bienestar social.
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