Ante el crecimiento de las protestas en Minneapolis por la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el presidente Donald Trump optó por amenazar con el uso de la Ley de Insurrección de 1807, una herramienta extrema que permitiría desplegar fuerzas armadas contra la población civil.
Las movilizaciones comenzaron tras el asesinato de una madre de tres hijos durante un operativo migratorio y se han intensificado debido a la presencia masiva de agentes federales, que superan en número a las fuerzas locales. En lugar de abrir una vía de diálogo o anunciar una investigación transparente, Trump ha criminalizado las protestas y responsabilizado a las autoridades estatales y municipales.
Desde redes sociales, el mandatario acusó a líderes locales de permitir el caos y sugirió que las manifestaciones forman parte de una supuesta insurrección, un discurso que justifica el uso de la fuerza militar contra ciudadanos inconformes. La retórica presidencial ha sido respaldada por funcionarios federales que describen la oposición a las redadas migratorias como un ataque directo al orden público.
La Ley de Insurrección, vigente desde 1807, permite al presidente utilizar al Ejército en tareas de seguridad interna bajo circunstancias específicas. Sin embargo, especialistas advierten que su aplicación en este contexto podría representar una grave violación a los derechos civiles y abrir un precedente peligroso para la democracia estadounidense, además de enfrentar inevitables desafíos legales.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha denunciado que la ciudad vive una situación límite debido a la ocupación federal. Ha señalado que la presencia del ICE no solo no ha reducido la violencia, sino que ha profundizado la tensión social, por lo que ha reiterado su exigencia de que los agentes se retiren. Frey sostiene que proteger a la población y mantener el orden no puede lograrse mediante intimidación armada.
La tensión aumentó aún más luego de que un agente federal disparara contra un hombre venezolano durante una operación migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional justificó el hecho como parte de una detención focalizada, pero el episodio volvió a encender la indignación ciudadana y provocó horas de enfrentamientos.
Lejos de tratarse de un caso aislado, la estrategia del gobierno de Trump se extiende a otros estados. En Luisiana, agentes del ICE detuvieron a trabajadores migrantes que se dirigían a la construcción de un megacentro de datos de Meta, reforzando la percepción de una ofensiva nacional contra comunidades migrantes y sectores laborales vulnerables.
Mientras las protestas continúan, la amenaza presidencial de recurrir a la Ley de Insurrección coloca a Estados Unidos frente a un escenario preocupante, donde el uso del poder militar se presenta como respuesta a una crisis provocada, en gran parte, por políticas federales agresivas y letales.
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