Graves violaciones a derechos humanos se viven en Panamá tras el decreto de estado de urgencia emitido por el gobierno de José Raúl Mulino en la provincia de Bocas del Toro. La medida, vigente del 20 al 25 de junio, suspendió derechos constitucionales fundamentales y habilitó la represión militarizada contra manifestantes que protestan por la Ley 462, una reforma al sistema de pensiones.
El saldo provisional es alarmante: al menos 192 personas detenidas, un joven asesinado y decenas de heridos, según denuncias de la población. La represión ha sido especialmente violenta hacia comunidades indígenas, que han denunciado tratos humillantes y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad.
El decreto presidencial cancela garantías como el derecho a reunión, protesta, libre tránsito, hábeas corpus y libertad religiosa. También permite detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, censura digital y vigilancia de dispositivos electrónicos. En la práctica, se trata de un estado de excepción que criminaliza toda forma de disenso, incluso en contextos religiosos o comunitarios.
La chispa que reavivó la protesta fue la detención de tres líderes sindicales, pese a que los bloqueos en la zona ya se habían suspendido. Desde entonces, la represión ha incluido desapariciones forzadas, cortes de comunicación e impunidad militar. La muerte de un joven de 24 años, baleado en un control policial, ilustra la gravedad del escenario.
No hay cifras oficiales sobre los civiles heridos o fallecidos. Además, el gobierno ha bloqueado el acceso a internet y telefonía móvil en áreas clave, impidiendo la circulación de información verificada y profundizando el cerco informativo.
El contexto histórico agrava la indignación: muchos de quienes protestan hoy son familiares directos de víctimas de la represión pasada, cuando Mulino era ministro de Seguridad. Ahora, ya como presidente, retoma esas mismas prácticas represivas con mayor brutalidad.
José Raúl Mulino, quien años atrás descalificaba a la izquierda diciendo que “se fuera a vivir a una dictadura”, gobierna hoy bajo un esquema que recuerda precisamente a ese tipo de regímenes autoritarios que decía rechazar.
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Fotografía: Giorgio Trucchi.
