Nuevas redadas lideradas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han provocado tal nivel de miedo entre la población migrante que vecindarios enteros en EE.UU. han quedado semivacíos, convertidos en lo que hoy muchos describen como auténticos “pueblos fantasma”.
Zonas emblemáticas como Santee Alley, en el corazón del Distrito de la Moda de Los Ángeles, lucen hoy desoladas. Donde antes florecía la actividad comercial, ahora hay cortinas metálicas abajo, vitrinas vacías y una ausencia casi total de personas.
Anthony Rodríguez, presidente del Distrito de Mejora Comercial, declaró a medios estadounidenses que
“el impacto económico y social de las redadas es incluso mayor al que se vivió durante la pandemia por COVID-19”.
Las redadas del ICE no solo rompen familias y siembran el pánico, también desarticulan economías locales basadas en el trabajo comunitario y el comercio informal, sostenidas por migrantes latinoamericanos, particularmente mexicanos y centroamericanos.
La situación se repite en otras ciudades con alta presencia de población migrante. En Texas y Florida, el hostigamiento institucional se ha intensificado con operativos que parecen más bien mecanismos de limpieza étnica encubierta.
Un símbolo de esta política es el centro de detención apodado “Alligator Alcatraz”, en Florida: una prisión migrante construida entre humedales y caimanes, diseñada para aislar a miles de personas, sin contacto con el exterior.
¿Qué está en juego?
- Derechos humanos fundamentales, como el debido proceso o el derecho al trabajo, son ignorados por una política migratoria que actúa bajo la lógica del castigo y la exclusión.
- La economía popular en ciudades como Los Ángeles y Houston está siendo devastada por la desaparición de mano de obra y pequeños comercios migrantes.
- El discurso oficial de EE.UU., que presume ser defensor de las libertades, se contradice al criminalizar a quienes buscan una vida digna.
México acompaña y defiende a sus connacionales
Ante esta ofensiva institucional contra comunidades migrantes, el gobierno de México ha reiterado su compromiso con la protección de sus ciudadanos en el extranjero, reforzando la atención consular, asesorías legales y acciones diplomáticas para garantizar que se respeten sus derechos humanos.
Además, a través de la red de consulados y en colaboración con organizaciones civiles, se han desplegado mecanismos de apoyo legal y acompañamiento psicosocial para las personas afectadas por las redadas, así como campañas de orientación y prevención.
En un contexto internacional complejo, México mantiene una postura firme y soberana: la defensa de la vida y la dignidad de sus migrantes no es negociable.
